Las empresas de acueducto y alcantarillado no se sostienen porque sí, necesitan financiación y recaudo.
Para cumplir con estas dos premisas fueron diseñados sus planes de inversión, incorporados vía tarifa a los usuarios, y complementados con recursos adicionales para la ejecución de obras.
Lo anterior les permite atender las necesidades de la población, muestra de ello es que durante el covid 19 y últimamente con los bloqueos, hayan seguido prestando sus servicios con altos estándares de calidad.
Para proteger los recursos que deben ser destinados a inversión, se estableció la ‘Provisión de Inversiones’, medida regulatoria que implica que los recursos de aquellas obras programadas que no estén en operación, se deban disponer en un encargo fiduciario a constituirse al finalizar este año.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que el desarrollo de proyectos está sujeto a factores externos, como permisos de alcaldías y corporaciones ambientales, adquisición de predios, ampliación de cobertura y demanda del recurso, emergencias, entre otros.
Entonces, si bien reconocemos la importancia de garantizar la efectiva ejecución de las obras, no tiene sentido congelar el 100 % del valor de la inversión si las mismas no se han puesto en operación, con el agravante de que no se contempla el nivel de ejecución de la obra ni lo que la empresa haya invertido de más en otros frentes, pues, por la coyuntura, lo inicialmente planeado ha cambiado radicalmente su dirección.
Lo lógico es que el porcentaje que quede por terminar se destine a la fiducia y que se pueda disponer de estos recursos para finalizar los proyectos, de lo contrario, se estaría castigando el flujo de caja de las empresas cumplidoras. Con el Ministro de Vivienda venimos trabajando en esta propuesta y, mientras se termina de ajustar el modelo, se postergó por un año su entrada en vigencia ¡Gran noticia para el sector!
Debemos buscar soluciones estructurales para mitigar las afugias financieras que dejaron las medidas derivadas de la pandemia, como la reconexión de más de 1,2 millones de personas desde hace 16 meses, que en su mayoría siguen sin cancelar.
Con el agravante de no poder suspender el servicio, por ahora, deteriorando la cultura de pago que construimos durante años.
Estas moras se reflejan en los balances como cuentas por cobrar, cuando realmente son de dudosa recuperación, aumentando los problemas de caja que tuvieron que cubrirse aplazando inversiones previstas.
De continuar esta política del Gobierno es necesario exigir el cumplimiento de la norma que dice que cuando una autoridad nacional, departamental o municipal, establezca el no cobro de un servicio público, sea esta misma la que apropie los recursos para evitar poner en riesgo la prestación del servicio por la insuficiencia financiera de las empresas.
Como dice el adagio popular, “el que mucho abarca poco aprieta”, y, a veces menos, es más.
Camilo Sánchez Ortega
Presidente de Andesco
camilo.sanchez@andesco.org.co
