La pandemia cambió las dinámicas de relacionamiento entre personas, empresas, organizaciones sociales y gobiernos. La transformación digital se ha acelerado y si bien estamos en pasos incipientes en muchos temas, es clave avanzar no solo al interior de los servicios públicos y comunicaciones, sino en los demás ámbitos de la vida.
Se plantean nuevos retos para la reactivación económica, bajo la premisa de incentivar y priorizar inversiones sostenibles y el uso de herramientas que permitan crear un ecosistema digital donde los ciudadanos se empoderen más de sus acciones y relaciones, basados en la tecnología. Para el servicio de energía eléctrica, uno de los principales habilitadores de esta visión está referido a la medición avanzada (AMI, por sus siglas en inglés), que está constituida por un medidor inteligente con más funcionalidades, infraestructura de comunicaciones y sistemas de información.
Hay beneficios para todos. Los usuarios tendrán un mayor control sobre sus consumos, podrán acceder a más servicios, instalar tecnologías como autogeneración, generación distribuida (p.e. paneles solares), apalancar la movilidad eléctrica, todo dentro del uso eficiente de energía. Los prestadores mejorarán la gestión del servicio y la red, así como la relación con sus clientes. El Estado tendrá información en tiempo real para que las políticas logren con más eficacia cerrar brechas y focalizar mejor los subsidios.
Por ejemplo, si durante el confinamiento hubiéramos tenido medida avanzada, habríamos podido conocer continuamente la energía consumida y con ello evitar sorpresas en la factura; también las reconexiones del servicio para quienes estaban suspendidos habrían sido más ágiles.
La meta del Gobierno a 2030 es llegar al 75% de los usuarios con esta medida, lo que representa inversiones por más de $8 billones.
Para ello hace falta expedir la regulación que defina la remuneración de estas inversiones. Es fundamental que ésta contemple los costos, así como la identificación y asignación adecuada de los beneficios, para que quienes deben incurrir en las inversiones tengan la certeza de recuperarlas y queden claros los incentivos para masificar la instalación y las bondades de su implementación en Colombia. No puede ser exclusivamente a cargo de los distribuidores de energía, ya que no habría el necesario cierre financiero para ejecutarlas, a menos de que se incluya en sus planes de inversión.
La CREG tiene hasta este lunes para expedir la normativa. Dado que aún no contempla los elementos señalados, es necesario ampliar el plazo y tener un diálogo amplio para expresar los distintos argumentos. Es indispensable facilitar la comprensión por parte de los usuarios de esta tecnología, así como promover la investigación y desarrollo local en este tema e impulsar los encadenamientos productivos nacionales.
Todos queremos mayor y mejor información de nuestros servicios con posibilidad de consulta en línea, más sostenibles y amigables con el medio ambiente; mayor agilidad en atención de fallas y posibilidad de contar con otros servicios asociados.
Es la oportunidad para democratizar la tecnología y tener usuarios más digitales y empoderados. La meta está definida, pero hay que trazar el camino correcto para lograrlo.
Camilo Sánchez Ortega
Presidente de Andesco.
diana.londono@andesco.org.co