La globalización es un proceso sin marcha atrás, lo que no justifica suscribir tratados de libre comercio con pésimas negociaciones, como lo hizo el gobierno Uribe con Estados Unidos.
Frente a su inevitable entrada en vigor, urge revisar la ejecución de la agenda interna programada, hoy totalmente retrasada, y diagnosticar, sin engaños, la competitividad de nuestros productos.
Es absurdo que nos pronostiquen que con el TLC generaremos más de 400 mil nuevos empleos, mientras EE. UU. solo espera crear menos de la quinta parte.
Proyectar una futura balanza cambiaria mucho más superavitaria es pensar con el deseo, si no contamos con herramientas para competir frente a sus subsidios, tecnología, comunicaciones, menores costos de energía, gas, gasolina, peajes, infraestructura y logística.
Por lo anterior, pronostico que a mediano plazo tendremos problemas de seguridad alimentaria, aumentarán los costos de medicamentos y pondremos en riesgo miles de empleos nacionales al haber negociado sin tener en cuenta las asimetrías y no haber excluido sectores ni productos.
No me arrepiento de haber votado en contra de su aprobación.
Nuestra infraestructura es caótica.
No solo contamos con una incipiente red de carreteras, de las cuales tan solo 860 kilómetros de nivel nacional son de doble calzada, sino que la gran cantidad de peajes y sus elevadísimas tarifas hacen que el costo del producto nacional pierda ventajas comparativas. La vía Bogotá-Girardot sigue en veremos y como esta hay varias sin terminar.
Los cuatro puertos por los que entra y sale el 95% de nuestros productos no tienen sistematización aduanera, pues a la Dian le faltan meses para terminar su implementación.
La Superintendencia de Puertos brilla por su ausencia en Cartagena, considerado el más preparado del país para los TLC.
El puerto de Buenaventura se encuentra prácticamente aislado por las obras y el mal estado de sus vías.
¿Cómo pretendemos integrar a Colombia con Latinoamérica cuando nuestros departamentos se encuentran incomunicados?
El 5% de la población colombiana se encuentra sin servicio de energía, que además es el más costoso de Latinoamérica, lo que nos hace perder competitividad.
El Estado no fortalece el ICA ni el Invima, como instituciones que guían, capacitan y protegen a los productores nacionales para traspasar las barreras no arancelarias.
La exportación de frutas y verduras tiene que pasar los filtros sanitarios americanos, derrotero hasta hoy inalcanzable para nuestros agricultores.
Estos factores de inequidad se acentúan con la renuncia de aranceles colombianos y al aceptar que EE. UU. siga subsidiando sus productos.
La lamentable consecuencia del desmonte de la protección arancelaria de cereales, carne, leche y del 92% de los demás productos será la pronta extinción de pequeños y medianos productores. El desmonte gradual al arroz, cuartos de pollo, vehículos y tratamiento de los medicamentos, entre otros, se llevará por delante la mediana industria y el agro nacional, reflejándose en el decrecimiento económico, aumento del desempleo y deterioro del bienestar. Como siempre, ensillamos las bestias antes de tenerlas y seguimos cantando victoria.
Camilo Sánchez Ortega
Senador
sanchezca42@hotmail.com