Tras posesionarse, alcaldes, gobernadores y el mismo Presidente se encuentran con el primer dolor de cabeza para ejercer sus funciones, las vigencias futuras que les han dejado comprometidos sus antecesores, pues no contentos con dejar la olla raspada de las finanzas, varios se dedicaron a comerse buena parte de los recursos que les corresponderán administrar a sus sucesores.
Esto lo hacían fundamentalmente en el último año de mandato, ya que se amparaban en una norma permisiva. Estas vigencias dejan comprometidos billonarios ingresos futuros, aún no ingresados a los municipios, departamentos y a la nación. Hoy estas representan 30,5 billones de pesos, maniatando las finanzas hasta el 2027. Impresiona cómo en los ocho años del Gobierno Uribe se comprometieron más de 27,3 billones, mientras que en los gobiernos de Samper y Pastrana tan sólo se destinaron 3,2 billones, siendo evidente que en el último Gobierno se prostituyó la figura para pagar favores, como en las concesiones Bogotá-Girardot, Transversal de las Américas, entre otras, que además no contaban con estudios técnicos ni licencias ambientales, pero eso sí con cuantiosas vigencias asignadas.
La mal utilizada figura de ‘urgencia manifiesta’, por la cual se contrataba directamente en razón de presentar soluciones inmediatas ante diferentes calamidades, fue instrumento para que indiscriminadamente se burlara el procedimiento contractual de selección objetiva que ordena la Ley 80.
Ahora se distorsionó la figura de vigencias futuras reduciéndola a un mecanismo de endeudamiento y elusión contable, porque no hace parte de las cuentas por pagar.
La gran mayoría de lo que mal llamamos vigencias futuras son pasivos que sobrepasan ilegalmente el tiempo de ejecución de la obra, motivo por el cual la Contralora les manifestó a los alcaldes, gobernadores y al Presidente, que en muchos casos se extralimitaron y que por esto deberán asumir las consecuencias legales.
Como respuesta se presentó un ‘articulito’ ante el Congreso, que supuestamente saneaba esta irregularidad, autorizando que lo hecho hasta la entrada en vigencia de la ley se convalidaba, declarándose una amnistía.
Esto lo denunciamos ante la plenaria y lo tumbamos, ahora estamos a la espera del seguimiento que harán los entes de control sobre lo actuado.
Por el riesgo al que se exponen los presupuestos nacionales y locales, presentamos una proposición modificatoria al Proyecto de Ley 070/2011, aprobada para que las vigencias futuras recuperen el carácter de excepcional y además cumplan con los siguientes requisitos:
1. Exclusividad para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y gasto público en educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
2. El monto máximo, plazo y condiciones deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
3. Contar con previa aprobación del Confis territorial
4. Concepto previo del DNP, cuando conlleven inversión nacional.
Adicionalmente, debe estar consignado en el Plan de Desarrollo, y la autorización por parte de la Asamblea o Concejo no podrá superar el periodo de gobierno, dejando en el parágrafo 1º la prohibición de las aprobaciones de vigencias futuras en el último año de mandato, y en el 2º, que su plazo de ejecución debe ser igual al del proyecto o gasto de la misma.
Debemos evitar caer en la descentralización de la corrupción y la centralización del manipuleo. Presidente Santos no olvide que fue usted el autor de la ley 617 de austeridad, no dejemos abiertas las compuertas para retroceder.
Camilo Sánchez O.
Senador
sanchezca42@hotmail.com