Durante el 2016 el Consejo Privado de Competitividad (CPC) liderado por Rosario Córdoba instauró el Consejo Empresarial por una Paz Sostenible. Allí asistían miembros del Gobierno y de la Comisión de la Habana, como empresarios a favor y en contra del proceso de Paz.
En esas reuniones semanales que han sido de los productos más exitosos del CPC, se establecieron puentes amistosos dentro esta gran diversidad y se lograron acuerdos críticos en entendimiento así fuera indirectamente entre el sector empresarial, el gobierno y las Farc.
Una tarde nos acompañó Jean Arnauld, delegado de la ONU a la subcomisión negociadora del proceso de paz en Colombia. Nos mencionó que había varios elementos definitivos para el avance de la implementación del proceso después de la firma de la Paz; se refería tres tipos de seguridad necesaria para los excombatientes: la jurídica, la económica y la física.
Sobre la seguridad jurídica se refería a su paso por la futura JEP y las definiciones que seguirían en el tiempo, como se ha visto en estos años dentro de sus complejidades, sus críticas y sus buenos avances. La seguridad económica pareciere avanzar en la medida que se han instaurado casi 4.500 proyectos productivos para más de 6.500 excombatientes más algunas de sus acompañantes, con obligaciones con casi 14.000, que extendidas a sus familias serían mucho más.
La seguridad física parece ser resaltada en sus menguados avances respecto a las necesidades. Van cerca de 330 antiguos combatientes asesinados de los 13.700 que entregaron sus armas desde la firma del acuerdo del Teatro Colón. Pero a lo que voy es que las condiciones de los ex-combatientes es un reflejo de lo que sucede en las regiones marginadas donde están las poblaciones más vulnerables: se han asesinado 730 líderes sociales más los antiguos guerrilleros, y la economía nacional de un país de ingreso medio no les llega a millones de personas, los claramente identificados como los nadies; no por nada el primer punto del Acuerdo de Paz fue el agrícola, demandando un plan de desarrollo rural integral, todavía en ciernes. Recordemos que el Plan Nacional de Rehabilitación lo inició el gobierno de Belisario Betancur hace 37 años y tenía las mismas intenciones. A aquellos territorios, desde siempre, tampoco ha acudido la justicia, igualando la enorme disparidad urbano rural en tantos renglones. Cuál es la seguridad jurídica, física o económica de esas poblaciones?
Fueron esas poblaciones en la periferia de Colombia la que eligieron mayoritariamente a Gustavo Petro como Presidente hace unos días. Vieron en él y en Francia Márquez una voluntad política y una identificación con su símbolo de cambio: el reto que tiene el nuevo gobierno será generar la institucionalidad para esas seguridades con que no cuentan esos millones de colombianos. Pero no sólo es del gobierno, es una obligación ética de todos; sin ello nunca llegaremos a una paz física, política, social o económica real. Debe ser el camino a una economía más desarrollada y equitativa, y una social democracia real.
Carlos Enrique Cavelier
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