El sistema de justicia en Colombia atraviesa una de sus más preocupantes crisis. Presenta problemas de acceso, independencia, eficacia y seguridad jurídica que afectan, de conformidad con la percepción de los ciudadanos, su legitimidad. Algunos datos del BID, de hace varios meses, indican que el 77 por ciento cree que no hace las cosas bien, el 73 por ciento desconfía de las altas cortes, el 60 por ciento tiene una idea negativa de la Corte Suprema y el 57 por ciento posee una opinión desfavorable de la Corte Constitucional.
Hay otra cifra todavía más inquietante: el 76 por ciento de las víctimas de un delito no lo denuncia. De esta manera, se reflejan los problemas de ineficiencia y falta de calidad, así como el impacto de los escándalos de corrupción, que comprometen a algunos de los integrantes de la rama.
Por otra parte, los conflictos de competencias entre los más altos tribunales, el llamado ‘choque de trenes’, son constantes en nuestro país. Los roces involucran no solo a la Corte Constitucional cuando se pronuncia contra providencias proferidas por otras instancias supremas, sino al Consejo de Estado y a la más alta instancia judicial, la Corte de Justicia, que han rechazado la acción de tutela contra sentencias.
La existencia de tantas cabezas de cierre, para no mencionar el efecto que tendrá la Jurisdicción Especial para la Paz, desligada del sistema de justicia, en la práctica, afectan la autonomía e independencia judicial y lesionan la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
Cuando las distintas cortes, como sucede actualmente en Colombia, tienen interpretaciones diferentes y, muchas veces contradictorias, respecto de los alcances de un derecho o una norma, se acaba la certeza a la cual tienen derecho los ciudadanos sobre el marco constitucional y legal existente para proporcionarles seguridad jurídica.
La propuesta de crear una Corte Suprema única, que pone en consideración de los colombianos Iván Duque, para discutirla y concertarla, con salas especializadas y competencias específicas, propias del alto tribunal en pleno, apunta –bueno y necesario es repetirlo– a garantizarle seguridad jurídica a todos.
Además de las razones internas que existen para discutir con seriedad este planteamiento, dar una mirada a lo que sucede en el mundo es aleccionador. Entre los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, 146 tienen una sola corte, 41 tienen 2, 6 tienen 3, 1 tiene 4, y más de 4 tiene solo uno de ellos, según el CIA Factbook & Democracy Index de 2017.
Y hay otro dato de gran interés: de los 10 países mejor calificados en el Índice de Democracia 2017, ocho tienen una sola corte.
Que nadie descalifique, pues, a la ligera, como andan haciendo algunos protagonistas políticos, nerviosos por las encuestas, la idea cuya discusión con serenidad y ánimo constructivo está pidiendo Duque.
De lo que se trata es de recibir el mandato mayoritario necesario para reformar la justicia en Colombia. Las cosas no pueden seguir como están. Cambiarlas, de forma responsable, para recuperar la esperanza y la ilusión, con la mirada puesta en el futuro, es el sueño de todos los que quieren vivir y trabajar tranquilos.
