La justificada ira colectiva que se ha desatado en Colombia a raíz de los más recientes escándalos de corrupción, debe movilizar la voluntad del Estado y la sociedad para definir acciones dirigidas a combatir ese cáncer.
Lo que tiene que hacerse requiere integralidad, pues solamente actuando en las dimensiones preventiva, represiva y educativa será posible avanzar en esa lucha. Y ningún sector, público o privado, puede ser ajeno al esfuerzo que reclama un país agobiado por las noticias permanentes sobre el asalto criminal al patrimonio de todos.
Urge acabar, desde luego, con los procedimientos que permiten el favorecimiento a proponentes dispuestos a corromper a los tomadores de decisiones en el Estado. Adoptar el pliego único, por ejemplo, es un paso necesario.
Como también resulta urgente repensar las normas sobre financiación de las campañas, modificar la legislación existente para consagrar castigos más severos a quienes las violen, acabar con la circunscripción nacional para el Senado, y con los cupos indicativos, práctica utilizada para la cooptación del Legislativo por parte del Ejecutivo, entre otras medidas.
Esto y mucho más debe hacerse como parte de un esfuerzo interno, no hay duda. Sin embargo, sería una omisión imperdonable olvidar que buena parte del mal de la corrupción tiene origen en las prácticas criminales de empresas multinacionales.
Era el autor de estas líneas un joven estudiante en la Universidad de Sofía, en Tokio, cuando el escándalo de la Lockheed sacudió la opinión pública mundial. En aquellos años, se descubrió que esta compañía de aeronáutica americana había pagado sobornos en varios países con el fin de ganar contratos de compra de sus aviones. El pago ilegal dio lugar a procesos e intensas controversias en Japón, Alemania, Italia, Holanda, y otras naciones.
En el primer caso, comprometió al primer ministro de la época, Kakuei Tanaka, mención que se hace con el propósito de dar una idea de las dimensiones del escándalo. Muchos casos similares han ocurrido desde entonces, en los cuales se comprometió la responsabilidad de otras transnacionales que sobornaron funcionarios de distintas nacionalidades. Por esa razón, se inició un proceso de discusión y aprobación de instrumentos internacionales para combatir la corrupción. La Convención Interamericana y la de las Naciones Unidas son dos ejemplos.
Infortunadamente, los hechos demuestran que el soborno global camina más rápido que la eficacia del esfuerzo colectivo. Llegó, entonces, la hora de dotar con más dientes los tratados existentes. Colombia debe liderar, en el marco de la ONU, la celebración de una sesión especial de la organización sobre la corrupción, en procura de conseguir el mandato de darle vida a una Corte Internacional Anticorrupción.
Esta corte sería el desarrollo del Artículo 49 (Investigaciones Conjuntas) de la Convención vigente, gracias a lo cual se materializaría el propósito de suscribir entendimientos bilaterales o multilaterales en búsqueda de darle eficacia a la cooperación internacional.
Si un paso similar se dio, después de muchos años, con la creación de la Corte Penal Internacional para luchar contra la impunidad, es hora de hacerlo a fin de curar el cáncer de la corrupción.
Carlos Holmes Trujillo
Excandidato a la vicepresidencia
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