Es una costumbre colombiana ver todo a través del prisma del enfrentamiento personal, o de posiciones maniqueas, en las cuales solo una parte tiene toda la razón y la otra está totalmente equivocada. En esos términos, se ha venido planteando, en las últimas semanas, una discusión sobre algunas regulaciones relacionadas con patentes de medicamentos. Se ha dicho que una parte del gobierno, por presión de la industria farmacéutica internacional, quiere bloquear la política del Ministro de Salud que ha buscado, desde hace varios años, meter en cintura los precios de los medicamentos y buscar simultáneamente el acceso de los colombianos a medicamentos y tecnologías, y la sostenibilidad del sistema. Para completar la discusión, se dice que el acceso a la Ocde es lo que ha hecho inclinar la balanza en contra del Ministerio de Salud para satisfacer a las multinacionales.

Me ha parecido oportuno participar en este debate para aclarar que ni el gobierno trabaja así, ni la Ocde funciona de esta manera. Esto, sin desconocer que hay presiones de todos los interesados, de ambos lados del sector y de ambos lados de la fronteras. Si existe un caldero de presiones e intereses, esa es la industria farmacéutica. En cuanto a la Ocde, este es un escenario internacional en el que Colombia debe mostrar su mejor cara ante los países miembros y estos aprovechan este escenario para defender a sus empresas de prácticas discriminatorias.

La discusión al interior del Gobierno se centra en la búsqueda del delicado equilibrio entre protección de la propiedad intelectual de las compañías, con el fin de reconocer su esfuerzo de investigación e incentivar la innovación, y la necesidad de promover la competencia y evitar los comportamientos anticompetitivos que se traducen en mayores precios para los consumidores. En el caso de la salud, el principal consumidor es el Estado, por lo cual, también, está en juego la sostenibilidad financiera del sistema. Entre las empresas, hay unas que buscan proteger, durante el mayor tiempo posible, las ventajas de tener una patente, mientras que otras quieren entrar rápidamente a poder producir el producto protegido.

En el plano internacional, queremos respetar nuestros compromisos internacionales sobre propiedad intelectual, pero también usar las posibilidades que dan estas mismas normas para enfrentar, ya sea situaciones especiales, o las cambiantes condiciones demográficas y financieras del país. La Ocde no solo es una entidad que diseña y promueve buenas prácticas en las relaciones entre los países, sino un espacio de discusión para anticipar las nuevas tendencias y ajustar las políticas para enfrentarlas.
Por ejemplo, la más reciente reunión de ministros de Salud se concentró en discutir el tema de tratamientos de alto costo, y próximamente tendrá lugar una reunión de expertos sobre ‘acceso sostenible a terapias innovadoras’.

El decreto que se modificó recientemente, que ha generado tanta discusión, no pretende eliminar la posibilidad de controlar los precios de los medicamentos. El Ministerio de Salud podrá seguir haciéndolo a través de la Comisión de Precios de Medicamentos, de acuerdo con los criterios y metodologías que esta comisión establezca y que discute y socializa con la industria. El decreto modifica la forma para declarar un producto (de cualquier clase, no solo medicamentos) de ‘interés público’, creando un comité interinstitucional, encabezado por la autoridad competente y con participación del Ministerio de Comercio y del Departamento Nacional de Planeación. Esto contribuye a la transparencia y seriedad de las decisiones que se tomen. De ser aprobada la declaración de interés público por parte de la autoridad competente, se podrá levantar la patente, según lo establecido por la norma supranacional andina. En ningún caso este decreto revierte decisiones ya tomadas por el Ministerio de Salud respecto de medicamento alguno.

En la Ocde, Colombia ha demostrado que no tiene prácticas discriminatorias. Se han corregido las que teníamos en el mercado de camiones de carga y en el de licores. En los dos casos, las reformas que se introdujeron han mejorado el funcionamiento de estos dos mercados. En el caso de la política farmacéutica, hemos podido demostrar que somos respetuosos de la propiedad intelectual, al tiempo que buscamos un sector de salud eficiente y sostenible.

Una de las principales lecciones que nos ha dejado el proceso de acceso a la Ocde ha sido la importancia de la transparencia y la consulta pública para la emisión de normas y regulaciones. Esta práctica es especialmente importante cuando se trata de emitir regulaciones particularmente sensibles. En el caso de la política sobre medicamentos, es esencial mantener un diálogo fluido entre la industria, las autoridades y la sociedad civil. La Ocde es un escenario propicio para alimentar este diálogo con información objetiva y experiencias internacionales. La política pública no es simple, las relaciones internacionales y las de negocios, tampoco. Bienvenida la discusión pública, sin descalificaciones ni extremos.