Desde hace más de seis años, 300 metros en el sector de Facatativá bloqueaban la terminación de la doble calzada Bogotá-Girardot. El pasado 26 de febrero, el juez Jesús Daniel Camargo Orozco aplicó la Ley de Infraestructura y logró la entrega del predio.
El hecho es icónico en la historia de la infraestructura de transporte en Colombia desde dos perspectivas. Por una parte, destraba la finalización de una vía crucial para el comercio, el turismo y la conectividad del país. La vía Bogotá-Girardot, que en el pasado estuvo a cargo de los primos Nule, era un ejemplo de cómo antes se adjudicaron importantes vías del país bajo criterios muy distintos a los técnicos.
En segundo lugar, esta es la primera aplicación práctica de la Ley de Infraestructura, aprobada en noviembre del 2013.
Esta norma se elaboró a partir de las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Infraestructura, y fue aprobada gracias al liderazgo del presidente Santos –quien la incluyó como una prioridad de la agenda legislativa–, y a la diligencia del Congreso de la República, que la aprobó sin contratiempos.
El entonces viceministro de Infraestructura, Javier Hernández, coordinó el equipo que sacó adelante esta ley, cuyo fin es superar obstáculos como compra de predios, traslado de redes de servicios públicos, definición de títulos mineros y agilización de licencias ambientales. Todo, sobre el principio claro de ver la infraestructura como un bien público que debe ser priorizado y protegido.
Y fue así como, a menos de tres meses de su expedición, se dio aplicación al artículo de la ley que obliga a entregar los predios sin tener que esperar la culminación del proceso de expropiación judicial.
Esta expropiación demuestra al país que gracias a la Ley de Infraestructura, el interés general –inmerso en los proyectos de infraestructura– por fin estará por encima de los intereses particulares que han impedido su desarrollo.
Como este, en Colombia existen aproximadamente 100 predios que, literalmente, ‘se atraviesan’ en las obras de infraestructura sin dejarlas avanzar. Ejemplos de estas situaciones se presentan en el corredor Bogotá-Buenaventura, donde la compra del predio del Parador Rojo ha sido hasta ahora una talanquera para la construcción de la vía. También se viven situaciones semejantes en concesiones de la zona metropolitana de Bucaramanga, Córdoba-Sucre, Briceño- Tunja-Sogamoso, entre otros. En ellas, es imperativo que los jueces de la República apliquen la ley, entreguen los predios y contribuyan así al desarrollo de la infraestructura del país.
La Ley de Infraestructura, junto con la ejecución histórica del sector (de 49 por ciento en el 2002 a 92 por ciento en el 2013) y los altos niveles de inversión (7 billones en promedio anual durante los últimos tres años) que triplican la del periodo 2002-2010, nos permiten entregarle al país un ritmo de avance en infraestructura de transporte nunca antes visto.
Así, el Gobierno del presidente Santos, con su ejecución en infraestructura de transporte, genera empleo y jalona la economía. Esto es infraestructura de transporte, ¡con todas las de la ley!
Cecilia Álvarez-Correa Glen
Ministra de Transporte
