Cecilia López Montaño
análisis

Complicada agenda para los economistas colombianos

Está aún por construirse y mientras tanto el país es el que asume los costos de no reconocer que hoy la complejidad del desarrollo es inmensa.

Cecilia López Montaño
POR:
Cecilia López Montaño
septiembre 19 de 2019
2019-09-19 07:05 p.m.
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Dos eventos de la semana anterior mostraron cómo la agenda en la que se deben ocupar los economistas no solo es más amplia de lo usual entre este gremio, sino que además debe abordar contradicciones que para muchos no son evidentes.

Definitivamente el manejo del desarrollo económico colombiano, su realidad y demandas actuales pero especialmente su proyección futura, implican esfuerzos adicionales para ampliar el estudio y sobre todo la identificación de las interrelaciones con temas subestimados hasta ahora. No se trata de más de lo mismo apreciados colegas.

El seminario convocado por la Universidad Externado y por el Fondo de Población, con motivo de los 25 años de la Conferencia del Cairo sobre población, presentó un panorama preocupante. Lo grave es que el tema de población y desarrollo ha sido abandonado por el Estado colombiano y esos análisis están solo en Naciones Unidas y en tres universidades colombianas: el Externado, la Nacional y la Javeriana. Pero sus vínculos con instituciones públicas son prácticamente nulos. Se confirma algo muy grave que está sucediendo en Colombia: el aislamiento de la Academia de las políticas públicas.

De la presentación de los demógrafos salieron cinco conclusiones muy serias. La primera se refiere a la ignorancia por parte del Estado y por ende de las políticas públicas, de la dinámica demográfica del país y de sus implicaciones sobre las estrategias que finalmente a quien afectan es a la población. Así por ejemplo, la desigualdad, el peor problema colombiano, significa que distintos sectores viven momentos de desarrollo totalmente diferentes y por consiguiente sus problemas no pueden ser abordados de manera similar por estrategias que desconozcan las especificidades territoriales y, por ende, poblacionales.

La segunda es que Colombia está viviendo un proceso de envejecimiento más acelerado que el de muchos países vecinos y no existen los mecanismos de protección social adecuados. Copiar modelos pensionales como el chileno, sociedad muy distinta a la colombiana, no debe ser la regla.

El tercero, Colombia ya está en crecimiento levemente por debajo de la tasa de reemplazo y esto junto con el tema del ‘bono demográfico’ que perdimos, nunca se analizaron cuando se debía. Cuarto, la inmigración venezolana y la emigración de colombianos sorprenden pero no son objeto del estudio necesario para comprender sus potencial y limitaciones para el desarrollo económico y social del país. Quinto, la tasa de fecundidad entre las mujeres menores de 24 años es muy alta y la distancia entre los hijos deseados y los que finalmente se tienen es muy amplia en este grupo de población.

Fallas en el acceso a anticonceptivos sumadas a poca educación sexual conllevan a estrategias específicas que el Estado no está ni diseñando ni implementando. Es decir, no tener institucionalmente incorporado en el Estado el tema de población y desarrollo explica muchos de los problemas actuales y plantea la imperiosa necesidad de retomar el tema en Planeación Nacional, donde existió pero desapareció hace varias décadas.

El segundo evento fue convocado por el Banco de la República y fue un Taller sobre Cambio Climático y Riesgos Macroeconómicos de la Transición Energética. La conclusión más dramática después de escuchar sobre todo a los expertos colombianos sobre el costo de no cambiar el modelo de desarrollo colombiano, basado en la explotación del sector minero energético, es que los economistas no se han tomado en serio este tema.

Lo lógico es que desde hace mucho tiempo, Colombia ha debido desarrollar una seria y acelerada transformación productiva que impulsara nuevos sectores que reemplazaran estas fuentes contaminantes de crecimiento.

Acabar con la explotación y exportaciones de carbón, en regiones como la Guajira, César, Boyacá, sin desarrollar nuevas actividades productivas, va a crear problemas económicos, sociales y políticos que pueden ser inmanejables. A su vez, seguir dependiendo del petróleo no solo tiene costos ambientales sino que al no existir alternativas productivas que lo reemplacen, se reducen drásticamente las exportaciones, los recursos fiscales, entre otros serios problemas.

Es decir, mientras los ambientalistas avanzan en identificar los costos de nuestra forma actual de generar una dinámica económica que trae grandes costos ambientales para el país, los economistas siguen insistiendo en un modelo contaminante e insostenible. Pero no se plantean serias alternativas, porque la Economía Naranja definitivamente no lo es.

La nueva agenda que deben abordar los economistas está por construirse y mientras tanto el país y, sobre todo su gente, es la que asume los costos de no reconocer que hoy en pleno siglo XXI, la complejidad del desarrollo es inmensa y demanda entender aspectos olvidados y los nuevos que hoy son evidentes.

El cambio climático y la dinámica de la población actual no son discursos, son realidades que no se pueden seguir ignorando, especialmente entre quienes definen, analizan y proponen los rumbos del desarrollo nacional.

Cecilia López Montaño
​Exministra y exsenadora.
E-mail cecilia@cecilialopez.com

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