Nadie se atrevería a negar la responsabilidad del Estado en la búsqueda del bienestar de la población especialmente cuando la Constitución, como en el caso de Colombia, propende por el acceso de todos a los derechos fundamentales. Claro que no es el único actor porque también los ciudadanos tienen obligaciones y el sector privado, especialmente ahora que se replantean claramente los objetivos de las empresas. Fue clara en Davos en su 50 reunión, la necesidad de dejar atrás la idea de Milton Friedman de que la empresa debe preocuparse solo por sus utilidades y asumir de verdad su responsabilidad social.
Esta discusión parece oportuna ahora que surge nuevamente un fuerte debate sobre el costo de la mano de obra y la necesidad de reducirlo acabando en este caso con los intereses que debe pagar el empleador de las cesantías de sus trabajadores, y además eliminar el 4% sobre la nómina que reciben por ley las Cajas de Compensación Familiar. Estas propuestas que obviamente provienen de los gremios de la producción, o sea de los empleadores, se enmarcan en las preocupaciones por el alto desempleo en Colombia que no logra reducirse a niveles aceptables.
Ya los empresarios lograron eliminar su aporte al ICBF y al SENA y al sistema de salud, sin que haya quedado claro si esos recursos fueron realmente reemplazados o si esa decisión le quitó recursos especialmente a la salud, que sigue sin cumplir sus responsabilidades frente a la población que dependen exclusivamente de las actividades del gobierno en este campo. La pregunta es si las soluciones para aumentar los niveles de ocupación del país requieren darle gusto nuevamente a quienes piden rebajar los costos laborales.
Este tema del mercado laboral es tan complejo que el presidente Duque no ha debido salir tan rápido a rechazar estas propuestas sin el análisis previo que todo cambio de esta naturaleza requiere.
Por algo, el Ministro de Hacienda fue mucho más cauteloso y dijo lo que toca: se requieren análisis complejos para tomar posiciones. Quedar bien con la galería, presidente Duque, sale muy costoso y si no pregúnteles a quienes han ocupado su cargo.
Sobre las Cajas de Compensación Familiar es cierto que, sin negar su labor social ahora ampliamente dispersa, siempre ha surgido la duda de si con los inmensos recursos públicos que reciben, deberían haber sido mucho mejor vigiladas por el Estado porque son ejecutoras muy importantes de esa política por la cual responde precisamente el Estado.
Son una de esas mezclas curiosas que existen en el país, manejan recursos públicos pero se manejan como entes privados. Además, la Super Intendencia de Subsidio Familiar que debería vigilarlas, siempre ha sido un enano frente a las dimensiones de Cajas como Colsubsidio, Compensar o Cafam.
Ahora se ha visto más activa su directora pero en las épocas de Roberto Arias Pérez, para solo mencionar un caso, cualquier reforma al sistema se enfrentaba a su inmenso poder que anulaba en el Congreso de la República todas las sugerencias sobre un cambio.
Por la dimensión que han alcanzado en sus labores sociales, por el inmenso caudal de recursos públicos que manejan, por la autonomía que tienen, antes de cualquier decisión sí es importante revisar varios elementos. En primer lugar, si por último le cae al Estado la responsabilidad de lo que este sistema hace por manejar recursos públicos, es hora de analizar si sus programas se ajustan a las prioridades del Estado. Segundo, ante la precariedad de recursos públicos, ¿se justifica que el 4% de la nómina la manejen solamente las Cajas de Compensación?
Tercero, ¿no será el momento de analizar si con el capital que han acumulado podrían cumplir sus metas transfiriendo parte de los nuevos recursos al gobierno para que financie sus grandes vacíos de manera que pueda cumplir con el acceso a derechos de todos sus ciudadanos?
Cuarto, lo que sí no puede suceder es que para bajarles los costos de la mano de obra se acabe con el sistema sin que entre nueva financiación a través de impuestos al gobierno nacional para atender las demandas sociales.
Es muy probable que haya llegado la hora de que con impuestos generales muchos de los cuales les tocará pagar a los dueños de las empresas que hoy contribuyen con muy poco, cuando lo hacen, y a las empresas super ricas que poco aportan al Fisco, sean los que financien la política social.
En síntesis, el Estado es el mayor responsable del bienestar de la sociedad en un país lleno de desigualdades y por ello es necesario plantear de nuevo un debate ineludible. La justificación es clara: el Estado es el primer responsable del bienestar de su sociedad.
Cecilia López Montaño
Exministra
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