Las declaraciones de Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), son realmente sorprendentes, pero sobre todo, preocupantes. Sin duda, ayudan a entender muchas de las dificultades que está teniendo el Gobierno para apoyar sectores críticos en medio de esta pandemia.
En su reciente entrevista con María Isabel Rueda, el funcionario afirma que “en Colombia habíamos pensado que a los únicos a los que teníamos que darles recursos y transferencias en efectivo era a la población en pobreza; por ejemplo, Familias en Acción. “Es decir, gracias a la pandemia descubrió que casi la mitad del país, más del 40% de la población que había logrado superar la línea de pobreza, vivía de su trabajo en la calle sin ninguna protección social. Invisibles en el radar de las políticas públicas.
Pero además, el señor director del DNP asume que lo que él piensa es lo que creen los colombianos; esto no solo es prepotente sino equivocado, y sucede cuando el diálogo sobre temas críticos se reduce a círculos que comparten las mismas ideas y no se escucha a aquellos que opinan distinto.
Para su información, desde hace mucho tiempo quedó claro que no se cumplió el supuesto de los economistas ortodoxos que planteó que gracias a las transferencias condicionadas, como Familias en Acción, quienes superaban la pobreza entraban a la clase media. Muchos economistas que manejan políticas públicas han subestimado las realidades de la vida de la población, y con ello han hecho mucho daño a sociedades como la colombiana tan llena de desequilibrios sociales.
Desconocer o minimizar las inmensas brechas de ingreso, de riqueza, de género, y la más grave, entre el campo y la ciudad que existen en el país solo logran profundizarlas aún más.
Por todo lo anterior, es muy importante que el equipo del DNP, todos profesionales muy capaces, se bajen de esa nube. El Banco Mundial fue el primero que denunció la nueva realidad hace ya mucho tiempo: planteó claramente que millones de personas en América Latina tenían una altísima probabilidad de volver a caer en la pobreza; ese grupo que no logra satisfacer sus necesidades básicas. En ese momento se les denominó vulnerables. No son pobres, pero tampoco clase media.
Sin embargo, su proporción es mayor que la de pobres, e inclusive, que la clase media. De hecho, el último Panorama Social de la Cepal 2019 demuestra que el 46.7% de población en América Latina es vulnerable.
Desde hace mucho tiempo, reconocidos analistas en este país vienen llamando la atención sobre la necesidad de estudiar este amplísimo sector.
Era imperativo entender el tipo de estrategias que se deben diseñar para impedir que vuelvan a caer en la pobreza ante cualquier cambio en sus condiciones personales o de su entorno. Pero como solo los descubren hoy, en medio de la crisis, ahora sí se entienden tanto la demora en actuar como el enredo que vive el gobierno para hacerles llegar el apoyo que estas personas requieren.
En Bogotá y en el resto del país, sectores muy amplios sacan hoy sus trapos rojos pidiendo ayuda, y póngale la firma, esos trapos no son de los pobres que llevan muchas décadas recibiendo subsidios del Estado, son de los vulnerables.
El desconocimiento de la existencia de estos vulnerables y sus realidades es lo que explica que se les haya asignado originalmente un bono único de $160 mil pesos, cifra que equivale a la línea de miseria, según explicaron asesores del DNP. Es decir, se desconoce que este sector ya había salido de la pobreza, que sus ingresos eran muy superiores a ese nivel, pero que a pesar de ello, aun no son equivalentes a un salario mínimo mensual.
Claramente y de un golpe, no solo los bajaron de vulnerables a miserables, sino que con el bono los dejan en la indigencia. Mientras tanto, quienes están en Familias en Acción reciben más que antes, hasta $334,000 mensuales, valor que aumenta con el número de hijos, y Jóvenes en Acción que reciben con el aumento hasta $700,000 mensuales.
Con razón, todos los economistas consultados coinciden en que esos recursos son evidentemente insuficientes y no van a resolver el problema inmediato de un sector que vive de su ingreso diario en la calle. Con el aislamiento, ellos son los más perjudicados porque pasaron de generar su sustento día a día a no tener nada, ni siquiera ayuda del Estado porque los recursos asignados no solo son ínfimos, sino que además, no les están llegando.
La crisis actual de este sector se ha convertido hoy en el problema social más complejo que enfrenta el gobierno colombiano. Sin duda, fuente de una gran inestabilidad social y una bomba de tiempo si no se aborda como toca. Lo más triste es que este es uno de los problemas de la crisis más fáciles de resolver; solo se necesita la voluntad política para crearles empleos de emergencia.
Cecilia López Montaño
Exministra.
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