Colombia tiene que agradecer a los pequeños productores rurales el haber garantizado la oferta necesaria de alimentos perecederos en medio de la pandemia, porque con ello han contribuido a la seguridad y a la soberanía alimentaria.
Se reconoce en muchos países de América Latina, que los sistemas agroalimentarios de la región respondieron adecuadamente a la situación crítica causada por esta crisis, lo que ha sido para muchos una gran sorpresa. La actividad productiva de la pequeña agricultura no se detuvo en ningún momento, ni siquiera cuando el resto de los sectores se paralizaban. En la mayoría de nuestras ciudades el hambre, que afecta a muchas poblaciones, obedece más a la falta de ingresos de las familias que a la no existencia de oferta de alimentos. Muchos organismos internacionales señalan esta inmensa contribución pero solo algunos gobiernos reconocen este gran aporte y, por ello, están cuidando a sus campesinos, algo que en Colombia no se evidencia.
¿Por qué una sorpresa? En el caso colombiano porque si algún sector ha estado fuera del radar del Gobierno ha sido precisamente este: una alta proporción sigue produciendo en microfundios, sin asistencia técnica, sin crédito, sin vías terciarias para sacar sus productos al mercado, y sin los bienes públicos que el gobierno les debe.
Y esta realidad penosa es aún más grave, cuando muchos ven a sus líderes asesinados impunemente, cuando están sometidos a esa violencia que el gobierno ignora en amplias zonas rurales del país. Pero con todas estas limitaciones hoy Colombia tiene la oferta alimentaria que requiere y podría responder a una demanda mayor, y no perder cosechas como está sucediendo, si se hubiesen asegurado más eficientemente ingresos para alimentarse a amplios sectores que hoy caen en la pobreza.
Pero probablemente la pregunta cuya respuesta es más interesante es la siguiente: ¿Cómo lo hacen? Y la respuesta muestra la creatividad de estos pequeños productores que han encontrado la manera de crear canales más eficientes para conectar la oferta rural con la demanda urbana. Se trata de lo que se denominan actualmente los circuitos cortos alternativos de comercialización. Estas formas novedosas de vender la producción campesina responden a las grandes dificultades que presentan las centrales de abastos de las grandes ciudades en toda América Latina, y que a falta de respuesta del Estado se han generado estas iniciativas que ya se reconocen como muy exitosas. El caso de Colombia es patético. Corabastos y sus equivalentes en las grandes ciudades como Medellín, Cali, Cartagena Barranquilla, se han vuelto centros de contagio del covid-19. Y lo más grave es que poco se ha pensado en que este problema es el mejor canal de contagio para una población a la cual aun no ha llegado el virus pero llegará, y que además enfrenta a sus poblaciones al inmenso riesgo, dada la debilidad en infraestructura de salud para atenderlas.
En Colombia poco ha hecho el Gobierno Nacional, concentrado en las ciudades, para garantizarles a los campesinos una reducción de su exposición al contagio y ni siquiera la idea de descentralizar estas centrales de abasto, como lo han sugerido algunos gobernadores de departamentos aledaños a las grandes ciudades, ha encontrado respuesta adecuada. Se olvidan de que la pandemia que hoy se toma como un mal urbano puede llegar más temprano que tarde a las zonas rurales del país, donde la capacidad de respuesta es mínima. Una mirada que ha subestimado la contribución de la población campesina y que ha ignorado el peligro al cual se someten vendiendo sus cosechas en centros llenos de individuos contaminados.
Una asociación de grupos de campesinos de todo el país se ha reunido a través de lo que denominaron la Convocatoria, y están actuando en este sentido: identificando estas nuevas formas de buscar canales de comercialización rural-urbanos que rompan entre otras con varios problemas entre ellos, la exagerada y costosa intermediación que encare los alimentos en las ciudades y reduce significativamente los ingresos de los productores. Reconocen a su vez la necesidad de minimizar la exposición al Covid-19 que ofrece esta nueva forma de comercializar su producción.
Como será la dimensión que han tomado en A. Latina estos circuitos alternativos de comercialización de alimentos, que ya se visualizan como la salida exitosa de este sector de la pequeña producción rural en la post pandemia. En primer lugar, ante la crisis económica que no se resolverá a corto plazo, precios más bajos de alimentos como los que se ofrecen en estos nuevos mecanismos de comercialización, representan un inmenso atractivo que sin duda atraería una gran demanda. En segundo lugar, la salud es y seguirá siendo la gran preocupación para toda la población de manera que los productos cultivados de forma más acordes con el medioambiente, también los harán más atractivos.
Lo que resulta difícil de entender es la actitud de Minagricultura. Primero, cero apoyos a este tipo de iniciativas y segundo, está tomando decisiones como la de tercerizar los servicios del ICA.Léase entregar las funciones de control sanitario nada menos que a los gremios, lo que limitará el acceso de los pequeños productores a estos servicios, cuando son ellos los que más le están aportando al país en semejante crisis. Inconcebible, señor Ministro de Agricultura.
Cecilia López Montaño
Exministra
cecilia@cecilialopez.com