Si algo quedó claro del ejercicio de la Misión para la Transformación del Campo, cuyos resultados se entregaron al presidente Santos en diciembre del 2015, es la absurda concentración de la tierra en unos pocos y la creciente posibilidad de microfundios. Se debe agregar, como lo ha denunciado una agencia del Gobierno, que la ganadería extensiva ha ocupado gran parte de las tierras fértiles de la frontera actual que debían estar dedicadas a la agricultura. No solo se ha dado una contrarreforma agraria, sino que se les han arrebatado millones de hectáreas a ese campesinado desplazado por los actores del conflicto amado. Por ello, es una absoluta prioridad lograr una justa distribución y restitución de la propiedad de la tierra, si se quiere recuperar la base productiva del sector rural, y sobre todo, reducir la brecha inmensa que separa a los habitantes de las ciudades de los del sector rural.
Al revisar documentos sobre el tema producidos por la Universidad de Antioquia, específicamente por la Fundación Forjando Futuros, las cifras más recientes publicadas generan una gran preocupación. En documento reciente, (diciembre del 2015), se presentan las instituciones gubernamentales que más incumplen con la restitución de tierras. Textualmente, se afirma que “en 1.300 sentencias, los jueces y magistrados de restitución de tierras emitieron 25.778 órdenes a 55 entidades públicas (...) y las tres entidades responsables del mayor incumplimiento dependen del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”. Estas son: Unidad de Tierras, Banco Agrario e Incoder. Plantean que los jueces se comportan mejor; entre otras acciones, han sancionado con multas y arresto a directivos del Incoder, Banco Agrario, Ministerio de Agricultura y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
Pero las otras cifras que presenta la Fundación son tan o más preocupantes que las anteriores: al analizar 1.300 sentencias de restitución de tierra –corte a diciembre primero de 2015– de las 83.637 solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras, “solo el 3 por ciento de las solicitudes han sido resueltas en sentencias de tierras, lo que equivale a 176.497 hectáreas y 2.571 predios”. Y para acabar con la excusa de que quienes reclaman son falsas víctimas, la Fundación anota que más del 90 por ciento de los reclamantes son verdaderas víctimas, según los jueces de tierras, 50 por ciento, mujeres, y 50 por ciento, hombres.
La Fundación también tiene cifras sobre quiénes ilegalmente despojaron de sus tierras a los campesinos: 81 por ciento, paramilitares; 2 por ciento, enfrentamientos; 9 por ciento, guerrilla, y 3 por ciento, Bacrim.
A lo anterior se suma el abandono, y son de nuevo los paramilitares y los enfrentamientos los que generan la mayor proporción del mismo, 41 y 33 por ciento, respectivamente. Le sigue, como era de esperarse, la guerrilla, con el 16 por ciento de las tierras abandonadas por su causa. Sobre la extensión de los predios, la Fundación encontró que más de la mitad, 56 por ciento tenían entre 1 y 10 hectáreas, 21 por ciento menos de una hectárea y 19 por ciento entre 10 y 50 hectáreas. En su gran mayoría las víctimas de despojo o abandono han sido pequeños campesinos.
Lo que este trabajo de la Fundación Forjando Futuros ha aportado al debate –con financiación internacional y el apoyo de otras fundaciones colombianas dedicadas a la paz–, es que el objetivo fundamental de la Misión para la Transformación del Campo, redistribuir la tierra, ha empezado lentamente. Y si esta es la conclusión sobre el proceso de restitución que cuenta con el respaldo de una ley y una institucionalidad, no puede esperarse mucho de una distribución más equitativa de la propiedad rural.
Sin duda, a pesar de los esfuerzos realizados, existen barreras estructurales que durante toda la historia colombiana han impedido una sociedad más justa. El país, quienes mandan en él, no quiere ni devolver la tierra y, mucho menos, ceder lo adquirido de manera ilegal. Es muy posible que el Gobierno tenga la voluntad política de hacerlo, porque el presidente Santos sabe muy bien que, mientras la tierra colombiana siga teniendo uno de los peores índices de concentración y de propietarios, la estrategia de reactivar el agro es una utopía. Pero sus órdenes no bajan ni siquiera al Ministerio de Agricultura, a sus dependencias y menos a nivel local.
Por ello, es tan preocupante que los políticos tradicionales sigan mandando en el sector público dedicado al campo, porque es allí de donde salen las acciones para actuar sobre la propiedad de la tierra. Los jueces pueden hacer maravillas, pero mientras primen los intereses de los latifundistas, con mucho poder político directo o indirecto, a través de congresistas financiados por ellos, esta pieza vital de ajedrez del posconflicto no va a funcionar a la velocidad que las circunstancias exigen. Es tan complejo el panorama, que muchos creen que, en el mejor de los casos, solo se logrará avanzar en la restitución de tierras.
Cecilia López Montaño
Exministra - Exsenadora
