César Caballero Reinoso
columnista

Incompetencia, inconveniencia y emergencia

La irresponsabilidad fiscal ha sido grande, pero cabe la esperanza de ser corregida, no por iniciativa del gobierno, sino por la emergencia. 

César Caballero Reinoso
POR:
César Caballero Reinoso
julio 12 de 2020
2020-07-12 08:17 p.m.
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El actual gobierno ha presentado dos reformas tributarias y todo parece indicar que será necesaria una tercera. La primera, como es necesario recordar, demostró la incompetencia de los responsables de su trámite y fue declarada inconstitucional por la Corte. Los vicios fueron varios y se advirtieron de forma oportuna al gobierno, quien hizo caso omiso.

La segunda es la vigente y, como señalan de forma contundente el grueso de los analistas, es absolutamente inconveniente. Básicamente incluye una serie de regalos fiscales a los grupos con mayores ingresos de la población que aumentan los huecos fiscales ya existentes. El cálculo del propio gobierno es que pueden costar unos 9 billones de pesos adicionales. Incluye medidas populistas e inconvenientes fiscalmente como los tres días sin IVA y el balance general es que deja los ingresos tributarios más debilitados.

La tercera, que ya ha sido anunciada por el ministro de Hacienda, pero negada por el presidente, será la de la emergencia. El actual sistema tributario de Colombia resulta insostenible y debe ser reformado. Sus elementos centrales son más o menos claros: disminuir la gran cantidad de exenciones al impuesto de renta y unificar las distintas tarifas del IVA. La pregunta es cuándo será presentada, discutida y aprobada.

El Gobierno parece haber descartado hacerlo en el segundo trimestre de este año. El ministro ha convocado a una misión para asesorarlo en estos temas y lo más previsible es que intente presentarla en el segundo semestre del 2021, o sea, cuando el Congreso esté en pleno proceso electoral para su renovación en marzo del 2022. Allí tendrá problemas de ser aprobada por las dinámicas propias de un Congreso en fase de reelección y las debilidades propias de un gobierno terminando su mandato. Es decir, el enorme hueco fiscal creado por la reforma del 2019 y la pandemia solo sería abordado, en las cuentas del ministro, por el nuevo gobierno en agosto del 2022. Mientras tanto, las finanzas públicas seguirán deteriorándose, vendiendo activos y aumentando la deuda pública.

En este escenario existe una ventana de oportunidad en la revisión de constitucionalidad que está haciendo la Corte Constitucional sobre el último estatuto tributario. Mi recomendación sería que el propio presidente, reconociendo la gravedad de la situación, le pida a la Corte declarar la última reforma como inconveniente y con ello nos ahorraríamos al menos 9 billones de pesos en regalos fiscales injustificados, casi medio punto del PIB. Con eso volveríamos a la situación legal de la reforma del 2016 que, sin ser óptima, sí era mejor que lo que hoy tenemos.

También está la demanda realizada por Dejusticia y otras personas que, de prosperar, obligaría al gobierno y al Congreso a abordar la discusión tributaria con mayor urgencia. Lo que es claro en cualquier escenario es que se necesita una reforma y que nuestras finanzas públicas no son sostenibles con el esquema legal que hasta ahora ha construido la administración Duque. El nivel de irresponsabilidad fiscal ha sido hasta ahora muy grande, pero me cabe la esperanza de que sea corregido, no por iniciativa del gobierno, sino por la situación de emergencia o mandato de la Corte.

César Caballero Reinoso
Gerente de Cifras & Conceptos S.A

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