Me impresionó el comunicado de las cuarenta empresas afiliadas a Pro Bogotá. Su mensaje es que ante la explosión social es preferible pagar más impuestos e intentar calmar la situación de las personas en la calle. Esto va en el mismo sentido de las declaraciones de la ANDI, que en un mensaje angustiado de su presidente ha dicho “pónganos más impuestos solo a nosotros y a nadie más”. Incluso el comité intergremial también han realizado un llamado a una reforma tributaria que en escencia se resuma en lo siguiente:
Quitar todos los privilegios y regalos tributarios que les dieron a empresas en 2018 y 2019 y volver a la situación tributaria que dejaron Cárdenas y Santos en 2016. Reversar semejante equivocación puede producir recursos frescos del orden de $11 billones.
Como empresario he sostenido que esas dos reformas tributarias fueron un enorme acto de irreponsabilidad fiscal, social y política. Tuvo que pasar un estallido social, más de 50 muertos, la parálisis del puerto de Buenaventura, la ocurrencia de cientos de bloqueos y un mes de marchas y protestas para que otros empresarios se dieran cuenta de la inconveniencia de esas reformas.
La gente no está pidiendo cosas imposibles, simplemente que puedan trabajar, tener tres comidas diarias, que sus hijos se puedan educar y que la policía no abuse de ellos.
La tranquilidad social se podrá construir si entendemos que las personas tienen derecho a tener mejores y crecientes expectativas. No se trata de imposibles como algunos intentan hacer creer. Por ejemplo, un programa Keynesiano para generar un millón de empleos de corto plazo es algo posible en la Colombia de hoy. Sería un paso inicial para una espiral de más empleos, mayor consumo de bienes, aumento en la producción de las empresas y ampliación de puestos de trabajo.
Pero hoy un mayor nivel de tranquilidad social no se logrará sólo con mayor gasto social y una tributaria razonable. Se necesitan, a mi juicio, tres cosas más. Primero, una reforma seria y profunda a la Policía Nacional que redefina su manera de interactuar con los ciudadanos. Segundo, la aplicación de justicia clara, y efectiva tanto a quienes han cometido actos de vandalismo como a los miembros de la fuerza pública que han abusado de su autoridad.
Finalmente y es el reto cuyo horizonte temporal es más claro, la realización de un proceso electoral en marzo, mayo y junio, donde los ciudadanos decidan con tranquilidad y transparencia los nuevos congresistas y presidente. Un compromiso igual de claro de los empresarios y del resto de la sociedad de que todos respetaremos los resultados electorales, como hemos hecho por 60 años.
La macroeconomía para poder ser sostenible y estable, requiere de tranquilidad social y de soluciones políticas institucionales.
César Caballero
Gerente Cifras & Conceptos S.A.
