Entre los anuncios del Gobierno para su nuevo periodo está el de intentar una nueva reforma a la justicia. El tema es urgente y de vital importancia, pues en Colombia tenemos buenos abogados y una muy mala justicia.
Algunos discutirán mi afirmación sobre los ‘buenos abogados’, pero los hay, y no son pocos. Hay jueces de carrera que, de forma honesta y abnegada, han dedicado su vida a dirimir los conflictos de nuestra sociedad. También tenemos un volumen creciente de académicos, con doctorados de verdad, los que se otorgan en las universidades serias y no los que se asignan en las cotidianeidades burocráticas.
Igualmente los hay en el litigio, en las distintas ramas. Incluso tenemos varias firmas dedicadas a temas comerciales, entre las más reputadas de América Latina.
También debo mencionar varios magistrados de las altas cortes, quienes intentan darle a estos cuerpos colegiados la altura y respetabilidad que hoy no tienen.
Pero a pesar de todos estos esfuerzos individuales, el sistema de justicia de nuestro país es francamente vergonzoso. La reforma no se debe limitar solo a las altas cortes, sino fundamentalmente a garantizar a los ciudadanos una justicia pronta y eficiente. Para ello es necesario entender que sobre el sector gravita un acumulado de comportamientos sociales, creencias y prejuicios que pueden neutralizar los intentos normativos de mejora. Como individuos nos gusta desarrollar y disfrutar la ‘picaresca’ y saltarnos las convenciones cada vez que podemos. Los ‘buenos’ abogados, siempre encontrarán el inciso, el formalismo, la interpretación jurisprudencial, para defender los intereses de sus clientes. Pero el acumulado de sus logros individuales, está destruyendo el sistema.
Por eso creo que una reforma constitucional y algunos ajustes legales no son suficientes. Podemos encontrar soluciones a los choques de trenes de las altas cortes por la tutela, ajustar las funciones electorales o nominadoras que tienen, mejorar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para evitar el carrusel de pensiones y de favores entre magistrados, pero aun resolviendo eso, nuestro sistema de justicia seguirá sin solucionar los problemas de la gente.
Requerimos de un buen sistema de información de carácter público que haga transparente los procesos y permita medir la productividad de las distintas dependencias. Esa información debe ser accesible a los ciudadanos y usada para evaluar no solo la rama, sino también a los jueces y demás instancias.
Es necesario entender los comportamientos sociales de los colombianos frente a las normas y la forma como, sin acudir a instancias judiciales, resuelven hoy sus conflictos. Desde allí, se puede generar una visión alternativa al mero derecho positivo que dice cómo se deben comportar las personas sin detenerse a pensar cómo lo hacen en la vida real. Una verdadera sociología de la justicia es necesaria para encontrar formas alternativas para dirimir nuestros conflictos.
Debemos generar espacios de diálogo con los operadores de justicia para identificar mejoras en los procedimientos cotidianos. La mejora continua requiere de un análisis cotidiano de los procesos y procedimientos y eso se puede aplicar en la justicia. También requerimos de una nueva visión del sistema carcelario, en el cual se humanice el trato a los involucrados, pero se genere un real mecanismo disuasivo frente a los criminales.
César Caballero R.
Director de Cifras y Conceptos