Hay un carrusel que repite las mismas escenas anuales como si el tiempo se hubiera detenido. Una de estas es la del salario mínimo. En ella actúa la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Cambie usted anualmente algunos personajes (principalmente los del Gobierno), y escúchelos repetir, en cada giro, los mismos argumentos, las mismas quejas, las mismas advertencias “técnicas”, los mismos propósitos de estudio juicioso del mundo laboral en Colombia. Y hasta el año que viene.
En pocas ocasiones la Comisión (Gobierno, algunos gremios, algunas organizaciones de trabajadores, representantes de pensionados y hasta de desempleados) ha llegado a un acuerdo sobre el valor del salario mínimo. Pero casi siempre se anuncia que no hubo acuerdo y viene el Gobierno con un decreto a fijarlo. Así ocurrió este año, con una diferencia: que el presidente Santos, después de conocer el índice anual de precios 2010, decidió darle un tironcito adicional hacia arriba al aumento del mínimo para que ahora quede en el 4%. Sobre la última decisión presidencial, algunos gremios han dicho que se trata de una determinación “política”, como si los actos del gobernante no fueran todos “políticos”. ¿Qué tal una decisión sobre salarios, o sobre impuestos, revestida exclusivamente con el ropaje de la “técnica”?
Santos se adelantó a corregir el ajuste buscando evitar que la Corte Constitucional declare inconstitucional el aumento decretado en primera instancia; de todos modos, habrá varias demandas en este sentido; es evidente que el costo de la canasta básica de consumo para la gente más pobre subió el año pasado más, que el 4%. Bueno, ahí terminan las emociones de este episodio anual. ¿O no? Es posible que el juez constitucional decida mirar en detalle esta aritmética y pronunciarse al respecto. Si la Corte observara el estado actual de la cosa laboral en Colombia, tendría que atormentarse un poco con preguntas como esta: ¿Para qué tanto ruido con el salario mínimo, si este es un concepto que nada tiene que ver con la mayoría de la gente más pobre, que vive en el mundo de la informalidad y del rebusque?
En medio de este tormento, la Corte podría darse cuenta de que es necesario calificar la conducta de la Comisión Laboral. Y qué mal le iría a este órgano de origen constitucional.
Hace un año los gremios y las centrales obreras miembros de esta Comisión dijeron, conjunta y públicamente, que “desde la primera reunión del 2010” se pondrían a estudiar “propuestas de nuevas políticas para lograr el descenso acelerado del desempleo; a analizar los diferentes mecanismos de contratación laboral y las exigencias actuales del país frente a la competitividad de nuestros productos y servicios, (…) formas de hacer más efectiva la administración e inspección del trabajo a cargo del Estado para, entre otras cosas, implementar mecanismos adicionales para garantizar el cumplimiento del pago del salario mínimo.”
Señores: ¿Qué hicieron ustedes al respecto? ¿Dónde están los informes de sus trabajos del año pasado? No se trata sólo de promesas públicas incumplidas: Se trata del respeto a la ley. ¿Acaso la Ley no les impone claras responsabilidades, mucho más allá de dar declaraciones anuales? La Comisión como tal recibió en 2008 otro mandato (Ley 1210), consistente en que debía presentarle al Gobierno, a más tardar hace dos años, un informe sobre los proyectos de ley propuestos por ese órgano para darle cumplimiento a la Constitución en materia de organización laboral y salarial de la República. Si hubiera cumplido esa obligación, la comisión le habría dado fin al carrusel, y nos habría invitado, hace dos años, a un baile distinto.