El avance hacia el logro de una saludable y beneficiosa cultura tributaria pasa por la concientización ciudadana sobre la necesidad ineludible de pagar impuestos, e incluso, debe lograr un nivel tal de convencimiento auténtico en el contribuyente que este prefiera declarar y pagar voluntariamente lo que genuinamente le corresponde a favor de su Estado, en lugar de optar por prácticas fiscales elusivas o evasivas para disminuir o eliminar la obligación tributaria que debe asumir, acorde con la regulación fiscal aplicable.
Por contera, y como parte de un progreso cultural de esa magnitud, es menester consolidar una percepción de legitimidad en las instituciones recaudadoras y administradoras de nuestros tributos que imprima en los ciudadanos la tranquila convicción de que sus impuestos están sirviendo a la financiación de los servicios del Estado y, por supuesto, a los obvios propósitos de inversión social dirigidos a proporcionar oportunidades de acceso a la educación, salud, alimentación, entre otros que comportan el derecho a una vida digna.
El logro de semejante propósito de superación cultural no es de poca monta, puesto que las cifras de evasión en Colombia, de acuerdo datos de la Dian, alcanzan sumas considerables, en tanto se ha estimado una evasión para el IVA de aproximadamente el 23,6% del total del tributo y en renta aproximadamente del 35,8% , lo que para las proyecciones de recaudo del año 2019 se estimaría en 10,4 billones de pesos en evasión de IVA y 25,4 billones de pesos en evasión de Renta.
Es confortable suponer que si todos los contribuyentes reconocen y pagan lo que corresponde a su realidad económica, sin acudir a prácticas fiscales turbias contra su propio Estado, estaríamos rescatando ingresos considerables que aportarían en la disminución de los niveles de malestar social generados, en parte, en la privación de los recursos públicos suficientes para ser invertidos en el bienestar colectivo.
Ese fructífero escenario de tributación voluntaria y confianza institucional se erige en elemento característico de la denominada moral tributaria, cuyo concepto y propósito han sido desarrollados con notable dedicación por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT. De hecho, en días pasados esta Organización auspició junto con la Ocde una mesa redonda en la que participaron varios países para aportar ideas que propendan por la obtención de progresos reales y concretos en esta dirección.
Así, desde la perspectiva de la tributación voluntaria, es claro que el desconocimiento oportuno o impreciso de las obligaciones fiscales constituyen, como regla general, infracciones administrativas con efectos sancionatorios, aunado a las consecuencias penales que se derivan de las prácticas evasoras o defraudatorias. No obstante, como bien se indicó en el marco de la mesa redonda de la Ocde, y sin perjuicio de la función ejemplarizante de la sanción, el castigo no está llamado a generar un cambio de conciencia frente a la cultura de cumplimiento tributario. Ello en parte se explica en que no toda inobservancia o inexactitud de la obligación implica la intención de incurrir en una práctica fraudulenta e infractora, sino que, obedece en no pocas ocasiones, a la complejidad técnica de la copiosa normativa fiscal que dificulta la exactitud de la liquidación tributaria y admite, además, disímiles interpretaciones jurídicas que pueden llevar a que la administración tributaria estime que el contribuyente en un momento dado incurrió en incumplimientos o inexactitudes reprochables. De ahí que el cumplimiento voluntario, por transparente que pretenda expresarse por el contribuyente, es susceptible de menoscabo ante los embrollos que lo aquejan.
El cumplimiento voluntario debe apoyarse, entonces, en una fluida interlocución con la administración tributaria en el que la ética e integridad del funcionario público adquiere un rol esencial en la generación de confianza institucional. En este punto conviene prestar atención al venidero manual del CIAT sobre ética en la administración tributaria puesto que este documento estructurará en términos prácticos y claros la conducta puntual que se espera de los funcionarios tributarios en su interacción con los contribuyentes .
Ahora bien, esos parámetros de conducta ética e íntegra pueden derivarse a su vez de una gestión adecuada y oportuna de riesgos que adopte políticas preventivas de materialización de hechos de fraude y corrupción, según se advirtió en el evento mencionado.
Es pertinente anotar que los planes de prevención del fraude y corrupción formulados por la Agencia ITRC a las entidades responsables del recaudo tributario nacional, son una fuente de adopción de buenas prácticas y controles enfocados en fortalecer los procesos de recaudación y administración fiscal, de manera que en la medida en que estos sean acogidos y monitoreados con rigor, se genera un aporte eficaz en la construcción de uno de los aspectos esenciales de la moral tributaria, cual es la confiabilidad institucional.
Finalmente, conviene acotar que en la mesa redonda de la Ocde se indicó que la evasión debe ser combatida desde la política de moral tributaria, frente a lo cual el gran interrogante es: ¿será posible lograr un cambio cultural tributario de tan elevada envergadura? La respuesta optimista es que ello sí es factible siempre y cuando Colombia continúe en la senda de implementación de buenas prácticas fiscales como producto de su compromiso como miembro de la Ocde y con la orientación de organizaciones como el CIAT, empeñadas en evaluar y aportar los elementos prácticos que conducirán a esta deseada realización.
Diana Richardson Peña
Directora Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC
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