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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

30 años de la Constitución

Dentro de ese articulado están tanto los instrumentos para que las empresas sean eje del desarrollo y cumplan su función social.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
julio 01 de 2021
2021-07-01 09:14 p. m.
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El próximo domingo, 4 de julio, se celebra el trigésimo aniversario de la promulgación de la Constitución de 1991. Con inclusión de diversas fuerzas políticas, impulsada por estudiantes, con un mandato para profundizar la democracia participativa y con el objetivo de consolidar la paz, la vigente Carta generó el marco jurídico, institucional, político y valorativo para que Colombia experimentara importantes avances sociales y económicos en estas tres décadas.

Son múltiples las dimensiones en que se pueden recoger tanto las innovaciones y los cruciales legados como las problemáticas creadas en estas tres décadas, así como las decenas de reformas, profundas y superficiales, aprobadas al texto original. En este reducido espacio nos queda enfocarnos en la “Constitución económica”, el articulado mayoritariamente incorporado en el título XII con las normas del “régimen económico y de la hacienda pública”.

Desde prácticamente su promulgación, la Carta de 1991 ha sido señalada de promover un modelo económico mal llamado “neoliberal”. Como lo han documentado expertos juristas como Manuel Cepeda y Rodrigo Uprimny, la Constitución colombiana no impone ni amarra a un modelo específico de manejar la economía. No obstante, frente a las políticas económicas y sus consecuencias, sí cuenta con limitaciones, restricciones y un amplio poder de injerencia desde el Congreso y las Cortes.

No se puede afirmar que los artículos de la Constitución hayan creado una economía con una mínima presencia estatal, de mercados completamente libres y de un dinámico comercio internacional. Al contrario, para garantizar el abanico de derechos individuales y sociales de la Carta- uno de sus avances más aplaudidos- el Estado colombiano no sólo tuvo que expandir su tamaño, alcance, regulación e intervención sino también creó un nivel de gasto público que, aún antes de la actual pandemia, necesita una reforma de impuestos cada dos años para tapar sin éxito.

Además, en materia de exportaciones y mercados libres, investigadores del Banco de la República publicaron hace dos años un estudio sobre cómo, a partir de medidas no arancelarias y otras decisiones, la supuesta economía ‘neoliberal’ de hoy es igual o más cerrada que antes de la llamada ‘apertura económica’. Al mismo tiempo, la puerta para la participación del sector privado en la provisión de bienes y servicios públicos que abrió la Carta desembocó en sustanciales mejoras en cobertura y calidad para millones de personas.

Un balance de estos treinta años de la “Constitución económica” estaría incompleta sin una de las innovaciones más trascendentales: la creación de la Junta Directiva del Banco de la República como la autoridad autónoma, independiente y reguladora para combatir la inflación, regular la tasa de cambio, entre otras funciones. En momentos en que surgen de la esfera política, y en anticipada campaña presidencial, propuestas que atentarían contra este esquema de la Carta de 1991, cabe recordar el éxito en estos mandatos constitucionales que ha tenido la banca central.

El reciente descontento social lleva a algunos a cuestionar la capacidad de la actual Constitución para albergar cambios cruciales a la democracia colombiana y sus altos niveles de inequidad social y desigualdad económica. Dentro de ese articulado, hoy treintañero pero flexible y con garantías, están tanto los instrumentos para que las empresas sean eje del desarrollo y cumplan su función social, como las herramientas para generar más equidad y bienestar.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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