Ayer los precios internacionales del barril de petróleo Brent superaron los 80 dólares por primera vez en tres años, impulsados por la expectativa de una disparada en la demanda global y las preocupaciones por el abastecimiento ante la dinámica de recuperación de la pandemia. Además, crecen las alertas por una crisis energética en el hemisferio norte en el próximo invierno.
Como era de esperarse estas noticias sobre alzas en el crudo son bien recibidas en una economía como la colombiana, con una alta dependencia a las exportaciones de hidrocarburos. Mucho más en un año en que el Estado debe atender crecientes demandas de gasto social para mitigar los impactos del coronavirus y contribuir a sostener la senda de la reactivación del aparato productivo.
A 80 dólares el barril, la situación de las finanzas públicas del país, reflejadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, mejora sustancialmente sus perspectivas. Esta hoja de ruta fiscal de la economía contiene estimaciones con un precio del petróleo a unos 63 dólares.
Es decir, que cada dólar adicional se traduce en recursos adicionales para el Gobierno Nacional. Se estima que, de mantenerse a casi 20 dólares por encima, las ganancias extra para el Estado ascenderían a más de 4,5 billones de pesos.
A 80 dólares el barril, el sector petrolero gana tanto un mayor margen de maniobra para financiar más tareas de exploración, como mayor viabilidad para las operaciones petroleras en el país. Además, podrían activarse procesos de recobro mejorado y mayor producción.
Las empresas de hidrocarburos que operan en el país disfrutarían de un mayor flujo de caja para planear y desplegar nuevas inversiones, lo que contribuye a la reactivación de la industria.
A 80 dólares el barril, las perspectivas sobre otras avenidas de desarrollo del sector petrolero también mejoran. El avance en las operaciones de exploración costa afuera (offshore) ameritan pisar un poco el acelerador, así como el tránsito de los pilotos de la exploración de los yacimientos no convencionales.
Si bien el mundo camina hacia una transformación de una economía no basada en combustibles fósiles, de acuerdo a la Opep, la demanda volverá en 2023 a los niveles de 2019 y seguirá creciendo hasta 2035 para estabilizarse.
A 80 dólares el barril, el debate electoral sobre el fin de las actividades petroleras -propuesta del senador y candidato presidencial Gustavo Petro- se empieza a dar en otros términos. Si los aspirantes a la Casa de Nariño proponen una hoja de ruta para desanclar la economía colombiana de su dependencia al crudo, esta bandera debe contener mucho más que un llamado emocional y políticamente correcto contra el petróleo.
Si la intención es acabar esta industria y estigmatizar su contribución a las arcas estatales y a las regiones, así como descarrilar sus avenidas de desarrollo sectorial como costa afuera, lo mínimo que el país espera es un camino diáfano para remplazar su hoy crucial aporte.
Otro asunto es la urgencia de transformaciones económicas, productivas y de consumo energético en Colombia que reduzcan la dependencia de las exportaciones de petróleo y productos de industrias extractivas -hoy un 45 por ciento de las ventas externas nacionales-.
A 80 dólares el barril, la situación fiscal del país puede ganar un respiro en esta coyuntura difícil y el sector petrolero, acelerar sus dinámicas internas de crecimiento.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda