Tras varias semanas de llamados de urgencia de empresarios y gremios, el Gobierno anunció el esperado plan de subsidios a las nóminas del sector privado.
La declaratoria de una nueva emergencia económica por el presidente Iván Duque, el miércoles pasado, se convirtió en el vehículo para hacer realidad la llegada de recursos que alivien los desastrosos impactos económicos de la cuarentena.
Esta decisión presidencial llega en el momento oportuno, ya que para miles de empresas de todos los tamaños, la liquidez para el pago de las obligaciones estaba en el límite. Además, las proyecciones de la economía en este año en curso no paran de deteriorarse: el Banco de la República estimó la contracción del PIB en un rango entre 2 y 7 por ciento.
Este plan de alivios a la nómina cumple la doble función de mitigar el ahogo de las finanzas golpeadas de las empresas, al menos las obligaciones laborales, y de proteger los empleos.
Constituye una medida necesaria y acertada, puesto que ya en el mes de marzo los datos del mercado laboral reflejan que la pandemia dejará no solo contagiados, sino millones de desempleados.
De acuerdo al más reciente informe del Dane, en marzo Colombia sufrió una reducción de 1,6 millones de ocupados con un aumento anual de 1,8 por ciento de la tasa de desempleo, para alcanzar el 12,6 por ciento.
Esto, sumado a la disparada en las personas inactivas, no solo ha evidenciado la fragilidad del mercado laboral colombiano, sino también ha resaltado la urgencia de medidas de protección laboral dentro de la estrategia gubernamental contra la covid-19.
La destrucción de puestos de trabajo no es un problema exclusivo de Colombia. Las peticiones de beneficios de desempleo en Estados Unidos ya superan los 30 millones en menos de dos meses, y otros 30 millones de trabajadores de las cinco economías más grandes de Europa- Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España- están hoy en esquemas de jornadas reducidas y subsidiadas por un valor de 100 mil millones de euros.
Este programa lanzado por el Gobierno va en la dirección correcta. Ya era hora de que la estrategia de ayuda para las empresas complementara los créditos con subsidios directos. En especial, cuando los desembolsos de los préstamos para las pymes, garantizados por el Fondo Nacional de Garantías y con destino a las nóminas, solo llegan a los 338 mil millones de pesos.
El plan de subsidios de Duque incluirá a todo tipo de empresas que hayan reducido su facturación en un 20 por ciento a raíz de la crisis. El monto del alivio será de 351 mil pesos mensuales por empleado por tres meses. En total, costará unos seis billones de pesos y beneficiaría a unos seis millones de empleados.
El Gobierno diseñó un plan que optó por la afectación -20 por ciento de pérdida de la facturación- por encima de otras alternativas de focalización como el tamaño. Esto ayudará si duda a los empleos de las grandes empresas que apliquen, pero reducirá los recursos que beneficien a las medianas y pequeñas empresas, que concentran entre el 70 y el 80 por ciento del empleo.
La capacidad fiscal del Estado colombiano no soporta un paquete de subsidios que cobije siquiera un salario mínimo para todas las mipymes o incluso solo un porcentaje de ellas en sectores golpeados por el confinamiento.
Propuestas como las de Anif o Corficolombiana concentraban recursos en medianas y pequeñas empresas con montos de subsidio más altos y con un costo varias veces mayor. Obviamente el plan de subsidios de Duque ha sido bienvenido por gremios y empresas ya que será un alivio innegable. Una focalización mayor habría ayudado a los más débiles del tejido empresarial.