Ricardo Ávila

Más allá de los impuestos

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
septiembre 30 de 2012
2012-09-30 08:56 p.m.
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No se ha radicado todavía la propuesta de reforma tributaria en el Congreso y ya comienzan a alinearse las fuerzas en contra de una iniciativa que ha sido recibida con beneplácito por los analistas que han conocido sus principales lineamientos.

Sin desconocer que una parte importante del proyecto tiene que ver con cambios en el impuesto a la renta para las personas naturales y jurídicas, así como con una simplificación de las tarifas del IVA que quedarían en apenas tres niveles, podría decirse que el plato fuerte es el desmonte parcial de las cargas parafiscales a la nómina.

La justificación a la hora de hacer algo en esa materia es conocida. Colombia es uno de los países en el mundo que más grava el empleo formal. De acuerdo con las cuentas del Gobierno, por cada 100 pesos que se le pagan a un trabajador, la empresa debe aportar 58 adicionales, con el fin de hacer una serie de contribuciones que van mucho más allá de lo que corresponde a la seguridad social.

Dicha realidad explica no solo por qué el país tiene una de las tasas de desempleo más altas de América Latina –el dato de agosto fue 9,7 por ciento frente al 7 por ciento en la región–, sino también una elevada tasa de informalidad, cercana al 60 por ciento.

El peso de esas cargas lleva a que un buen número de las contrataciones se haga sin cumplir las normas, pues el empresario se ahorra un dinero, mientras que el empleado recibe un poco más al evitarse varios descuentos.

El inconveniente es que, como en el conocido refrán, ‘lo barato sale caro’. La existencia de dos clases de trabajadores en el país no hace más que perpetuar las brechas sociales y la desigualdad, ya que los formalizados normalmente tienen mejor nivel de educación y de ingreso, mientras que los informales tienen menos años de escolaridad y generalmente se encuentran en las filas de la pobreza.

Por tal motivo, cualquier intento de reacomodar las cargas es bienvenido, y eso es lo que pretende el Gobierno.

La pregunta, claro está, es si va a lograr evitar que lo derroten frente a una opinión que en ocasiones responde a verdades a medias y a la caricaturización que se hace de las propuestas oficiales.

Un ejemplo reciente es el proyecto de ley que pretendía reformar la educación superior y que fue descrito con el argumento simplista de que su propósito no era otro que privatizar las universidades, ante lo cual cientos de miles de jóvenes salieron a la calle y precipitaron el hundimiento de la iniciativa.

En este caso, los asuntos sensibles son dos: el Sena y el Bienestar Familiar, que se nutren de los impuestos a la nómina. Ambas son entidades que gozan de prestigio y cuentan con gran capacidad de movilización.

El primero puede llegar a tener más de 40.000 personas vinculadas entre empleados y contratistas, los mismos que impulsan a sus numerosos alumnos a protestar cuando llega la ocasión. El segundo registra a 90.000 madres comunitarias, que también reciben el respaldo de la comunidad.

Ante la posibilidad de depender del presupuesto nacional, voceros de uno y otro se han declarado en alerta.

La respuesta del Ejecutivo es crear un impuesto de destinación específica –en términos prácticos, una sobretasa a la renta– que garantizaría un flujo de recursos para que la autonomía de las dos instituciones señaladas siga. Pero el mecanismo tiene que ser claro y bien explicado, antes de que empiece la desinformación.

En tal sentido, lo ideal sería contar con el respaldo de las centrales obreras que tanto reclaman una mejora en las condiciones laborales del país, pero que a la hora de avanzar quedan atrapadas en los privilegios de los que gozan sus afiliados.

Aunque a primera vista el motivo del debate va a ser el tributario, no se puede dejar de lado que la cantidad y la calidad del empleo en Colombia están en juego. Y eso no merece ser reducido a unas pocas consignas pintadas en los muros.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

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