Solo llevamos ocho días de cuarentena obligatoria en el país y ya estamos experimentando en varias ciudades una relajación en el cumplimiento de las restricciones.
En simultánea el número de casos aumenta día a día de manera progresiva: ayer por primera vez el Ministerio de Salud confirmó más de un centenar de nuevos casos- 108- y el total de contagiados ascendió a 906.
Todo esto ha despertado el debate público no sólo sobre la eventual ampliación de la cuarentena actual, sino también sobre lo que llama la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, “ir apagando la economía”.
Frente a la discusión sobre ampliar la cuarentena obligatoria, las decisiones sobre las restricciones y demás acciones en la nueva fase de mitigación deben estar basadas en la mayor información posible y siempre de la mano de los expertos médicos y científicos.
Ayer el presidente, Iván Duque, expresó que aún no se cuenta con la información suficiente para anunciar una ampliación de la cuarentena. No obstante, no hay que llamarse a engaño: como lo ha afirmado el propio primer mandatario: el próximo 13 de abril no termina esta crisis sanitaria. En otras palabras, vendrán ampliaciones del aislamiento actual u otras fórmulas, más o menos severas, de distanciamiento social.
Otro debate es el creado por la idea de “apagar la economía”. Desde el inicio de esta pandemia ha venido creciendo una falsa disyuntiva entre la salud y la economía. Es evidente que, ante la prioridad de salvar vidas, las drásticas medidas sanitarias han irremediablemente deprimido la actividad económica y, en el caso del turismo y las aerolíneas, incluso paralizado por completo esos sectores.
Con el objetivo de frenar el ritmo de propagación del coronavirus, impedir el colapso del sistema de salud y ganar tiempo para fortalecerlo y prepararlo, la cuarentena ha impactado severamente tanto la actividad de las empresas de todos los tamaños como los ingresos de los hogares.
Dicho lo anterior, las medidas de salud pública y las actividades productivas de la economía no son un juego de suma cero. Ahogar al sector privado no se traduce automáticamente en una mejora en las condiciones sanitarias del país para enfrentar la pandemia.
Colombia necesita no sólo seguir produciendo los bienes y servicios esenciales para superar el aislamiento obligatorio como alimentos, medicinas y servicios básicos sino también buscar fórmulas que impidan la destrucción masiva del tejido empresarial.
“Apagar” la economía, como algunos dirigentes están empezando a sugerir, implica renunciar desde ya a diseñar la combinación adecuada de políticas públicas para proteger la salud y las vidas del contagio y mantener el aparato productivo básico para una recuperación rápida post-pandemia.
En una sociedad con una informalidad laboral que supera el 50 por ciento de los trabajadores, las decisiones sobre la continuidad de las drásticas restricciones deben contemplar los impactos sobre el empleo, los ingresos y literalmente la supervivencia de millones de colombianos.
Por más amplia y efectiva que pueda ser la red de transferencias monetarias del Gobierno, y sus réplicas locales, es ingenuo pensar que el Estado colombiano pueda proveer de ingresos suficientes a porciones tan grandes de la población con la rapidez y el presupuesto necesarios.
Los escenarios del desplome de la economía nacional si el choque de la covid-19 persiste más de tres meses son sombríos: una dura contracción y alto desempleo. La actividad económica no mata ni enferma per se como sí lo hace el coronavirus.
Discutir fórmulas de cuarentena junto a otras medidas de la fase de mitigación no excluye la posibilidad futura de activar algunos sectores económicos, siempre con el soporte de datos y de la ciencia.
Francisco Miranda Hamburger
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