En Caracas arrancaron oficialmente las negociaciones de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras una suspensión de cuatro años. La delegación gubernamental, liderada por Otty Patiño y con 12 negociadores, incluye la presencia de dos dirigentes gremiales: José Félix Lafaurie, presidente de la federación de ganaderos (Fedegan), y Rosmery Quintero, presidente de Acopi.
La reanudación de estos diálogos no solo constituye la materialización de la política de ‘paz total’ del primer mandatario sino también enfrenta los retos que dificultaron procesos anteriores con esta guerrilla. El carácter federado de esta organización subversiva ha complicado en el pasado la capacidad de sus equipos negociadores tanto para llegar a acuerdos como para sostener su cumplimiento- un factor tan importante como el hecho de lograr los consensos.
Toda negociación que cobije actividades criminales en el país se verá, tarde que temprano, ante la necesidad de definir la suspensión, temporal o total, de secuestros, ataques contra la Fuerza Pública y terrorismo, que hoy caracterizan el accionar eleno. Si a lo anterior se suma que esta guerrilla está enfrentada a otras organizaciones al margen de la ley en varias regiones del país, el momento en que estos asuntos lleguen a la mesa será crítico.
Un tercer aspecto toca los factores de entorno político y social que rodearán a partir de hoy este proceso. Si bien de acuerdo a la encuesta Invamer dos de cada tres colombianos apoyan la decisión del Gobierno de reanudar conversaciones de paz con el ELN, 46% cree que la implementación del acuerdo con las Farc va por mal camino. Esto es, la opinión pública nacional es hoy sólida en su respaldo, pero, como lo demostró el proceso con las Farc, ataques terroristas, bloqueos a regiones en conflicto u otras decisiones pueden debilitar ese capital político.
El solo hecho de que este proceso con el ELN sea después del Acuerdo con las Farc conlleva ventajas y genera retos. Dentro de las primeras están el convencimiento, ahora mayoritario, de los colombianos de que la salida negociada es la más adecuada, así como los resultados tangibles en materia de desmovilización y reducción de la violencia que dejó la firma. Por otro lado, un bloque no menor de la población continúa descontenta por la lentitud en la aplicación de los acuerdos en materia de impunidad y de reparación de las víctimas, así como el retorno a la violencia con las disidencias.
La pregunta que queda es si concesiones en materia de justicia, narcotráfico y representación política, que contribuyeron al cierre de acuerdos en La Habana y a las que un gobierno de izquierda estaría más inclinado a aceptar, serán aceptadas con entusiasmo por la mayoría de la ciudadanía.
La presencia de los dirigentes de Acopi y Fedegan implica un mensaje de integración de los empresarios, al menos una parte, a los nacientes diálogos. Quintero y Lafaurie cargan la inmensa responsabilidad, con sus afiliados y con el resto del sector privado, de estar alertas cuando los asuntos que se traten en la mesa deriven en la restricción de las libertades económicas, en el deterioro de los marcos constitucionales de los mercados y en drásticas transformaciones al modelo económico que hoy sostiene a Colombia.
Arranca un nuevo proceso, y con él una nueva ilusión de paz para el país y para las regiones donde opera hoy el ELN. Hay lecciones aprendidas del acuerdo con las Farc y, por más que hoy parezca lejana, esa mesa de diálogo debe tener la atención de los empresarios.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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