En el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación que transita en el Congreso de la República el Gobierno incluyó un artículo que abre la puerta para el traslado ‘exprés’ de afiliados de fondos privados de pensiones a Colpensiones. Hombres mayores de 52 años y mujeres por encima de los 47 años de edad, que cuenten con 750 semanas cotizadas en el régimen público y estén hoy en el privado, tendrían una ventana el año entrante para regresar a Colpensiones.
Tras varios intentos parlamentarios por impulsar una iniciativa de esta naturaleza, los congresistas, ad portas de la temporada electoral, lograron vencer la resistencia del Ministerio de Hacienda y están a punto de aprobar este inoportuno cambio en las reglas del juego pensional. El Gobierno se defiende afirmando que el artículo actual costaría solo 3,8 billones de pesos en comparación con los 35 billones que implicaría el proyecto de ley de origen parlamentario que hoy transita también en el Legislativo.
No obstante, no se trata de que el ministro José Manuel Restrepo escoja el menor de los males sino de evitar la adopción de un artículo costoso para el erario público y con un impacto sobre la equidad y sostenibilidad del sistema pensional. Así como el jefe de las finanzas públicas se llevó merecidos aplausos por aprobar una reforma tributaria de consenso y sin agitación social, su concesión a los congresistas en este tema es inconveniente y va en contravía con la narrativa de ‘inversión social’ y de respuesta a la emergencia de la pandemia.
Este traslado ‘exprés’, que beneficiaría a 19 mil personas, según el Gobierno, y a 40 mil, de acuerdo a Asofondos, aumenta la inequidad estructural que ya aqueja al sistema pensional colombiano. Las personas con mayores ingresos aprovecharán la oportunidad que hoy el Ministerio de Hacienda les está regalando para pasarse de los fondos privados al régimen público de Colpensiones, cuyos millonarios subsidios salen de los impuestos de todos.
Ni hablar de la puerta que el propio Gobierno Nacional abre para que se modifiquen las reglas del juego pensional de una manera fragmentada y desarticulada. No basta con que la administración Duque haya pasado de agache con la necesaria y urgente reforma estructural del sistema de pensiones, sino que ahora cede a cambios por la puerta de atrás, a pocos meses de las elecciones nacionales y con claros beneficios a los más ricos.
Los momentos para construir consensos son unos y para mantener las posturas de manera férrea son otros. Impedir los millonarios subsidios que generarán estos traslados por fuera de los requisitos y proteger la estabilidad del sistema pensional hasta que se apruebe una reforma de verdad hace parte claramente de los segundos. La discusión del proyecto de presupuesto continúa y todavía hay espacio para retirar propuestas inconvenientes e inoportunas como el traslado ‘exprés’ y la modificación de la ley de garantías para las elecciones 2022.
No está en discusión que son urgentes cambios profundos al sistema pensional que amplíen su cobertura, reduzcan su inequidad y aseguren su sostenibilidad. Una reforma estructural de esa naturaleza no puede seguir pateándose hacia adelante mientras pasan y pasan los años. En vez de empujar estos parches costosos que benefician a unos pocos a costa de todos, avanzar hacia una reforma pensional debería concentrar los esfuerzos.
Francisco Miranda Hamburger
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