Casi una veintena de iniciativas legislativas, con impactos fiscales y laborales, han inundado el Congreso a menos de un mes de las elecciones regionales.
El paquete de proyectos de ley incluye medidas recién radicadas y en trámite como el establecimiento de tres días sin IVA, la reducción de la jornada laboral, la rebaja en el costo del Soat, la ampliación de la licencia para hombres y la prima adicional para los trabajadores, entre otras.
Si bien estas iniciativas cubren una amplia gama de temas, coinciden en varios aspectos. Primero, generan beneficios extraordinarios, atractivos para trabajadores y otros sectores de la población, pero cuyos costos serían asumidos por las arcas del Estado o el bolsillo de los empresarios o los contribuyentes.
Los proyectos apuntan, sin duda, a despertar el apoyo popular y sincronizan al Congreso, cuya favorabilidad en la más reciente encuesta Gallup es del 20 por ciento, con las angustias de la mayoría de los colombianos.
No obstante, para cada una de las iniciativas los congresistas deberían preguntarse cuánto cuesta, cuál es su viabilidad y sobre los hombros de quiénes estaría cayendo el peso de financiar esta generosidad.
Un segundo aspecto está relacionado con sus impactos sobre el mercado laboral. Buena parte de este abanico de proyectos está orientado a ofrecer prebendas a los trabajadores como menos horas laborales, más tiempo en las licencias y mayores prestaciones.
En momentos en que la tasa de desempleo está aumentando, no es prudente que el Congreso apruebe medidas que terminarían por elevar los costos laborales de los generadores de puestos de trabajo.
Tal es el caso de la prima adicional para los trabajadores, impulsada por el senador y expresidente Álvaro Uribe.
Este proyecto de ley, en camino a su tercer debate parlamentario, favorecería a empleados con ingresos menores a 1,5 salarios mínimos. Aunque las modificaciones introducidas han reducido el universo de beneficiarios, esta sería una carga laboral sobre las empresas que sumaría a las ya contempladas por la ley.
En vez de generar mejores condiciones para que los empresarios decidan crear empleo formal, la reducción de la jornada laboral y las primas adicionales agravarían el problema estructural de los costos de contratación.
Otra iniciativa legislativa en discusión contempla el establecimiento de tres días sin IVA para una gama de productos como vestuario, útiles escolares y algunos electrodomésticos. Aunque la medida le suena a la Dian porque “dinamizaría el comercio e incentivaría el uso del comercio electrónico”, serían los bolsillos del Estado los que asumirían el costo.
Este proyecto requiere de un análisis más detallado que dimensione su impacto final en el recaudo en comparación con el incentivo al consumo en los hogares.
Un tercer aspecto de este “boom” de proyectos de ley, en especial los recientemente radicados, es el momento político. Es inevitable vincular la presentación de estas iniciativas con la cercanía de las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.
Aunque es legítimo para los partidos políticos esgrimir banderas que los ayuden a movilizar votos, el Congreso está llamado a abordar con mesura estos debates.
Asimismo a evaluar los costos que la economía asumiría si el conjunto de medidas fuera aprobada. Sin embargo, no deja de ser preocupante para los empresarios esta profusión de proyectos de ley con tantas cargas financieras asociadas.
Especialmente ahora cuando tanto la crítica situación del mercado laboral como el cuidado de las finanzas públicas deberían crear el ambiente para el estudio y el debate de reformas estructurales pendientes.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
@pachomiranda