El martes pasado, después de haberse posesionado como ministra de Comercio, Industria y Turismo, la nueva titular de la cartera, Cecilia Álvarez Correa, le puso término a un debate. En sus primeras declaraciones, la funcionaria descartó la creación del Ministerio de Industria, una aspiración que se escuchó de manera repetida durante la reciente asamblea de la Andi. “Es mejor una cabeza que maneje la producción y la fuerza de ventas, pues entre más divisiones haya, es más difícil de coordinar”, señaló.
Con esas palabras, el asunto parece haberse clausurado. No obstante, el mediocre desempeño del sector manufacturero, a lo largo de los últimos años, seguramente inspirará nuevas peticiones en el mismo sentido en el futuro cercano, a menos que la administración decida comprometerse con una manera diferente de hacer las cosas.
Y es que la actividad viene de capa caída. En el primer semestre del 2014, el incremento fue apenas del 2 por ciento, muy por debajo del ritmo de la economía en general. Si se mira la evolución en un contexto más largo, hay un estancamiento, por no decir una contracción. Como si eso fuera poco, el ramo sigue reduciendo el número de trabajadores contratados, ejerciendo presión sobre los índices de empleo.
Ante lo sucedido, la percepción que tienen los empresarios del sector real es que su renglón quedó supeditado a una apertura comercial que completa más de dos décadas y los ha puesto en aprietos. Si bien cuando esta se lanzó el compromiso gubernamental fue allanar el camino para mejorar tanto la competitividad del país, como la productividad en áreas específicas, los avances han sido pocos. En consecuencia, más de un industrial señala que tiene que luchar contra los bienes que llegan de otras latitudes o buscar mercados externos, mientras tiene las manos amarradas.
Tales quejas no quieren decir que se esté planteando un regreso al pasado, cuando la norma era el proteccionismo.
Sin desconocer que la administración tomó medidas para salvaguardar a confeccionistas o acereros, estas han sido presentadas como herramientas válidas para oponerse a la competencia desleal, sin que el modelo cambie.
En cambio, lo que propone el Consejo Privado de Competitividad es la adopción de una política de desarrollo productivo, que equivale a lo que se describe como una estrategia industrial moderna. Esta, podría ir más allá del sector manufacturero e incluir tanto al ramo agropecuario, como al minero-energético o al de servicios. Aparte de un marco nacional, es clave el elemento regional, sobre todo en Colombia, donde la geografía hace que no todos los departamentos tengan las mismas fortalezas.
Los elementos de ese enfoque –que sus promotores quisieran ver convertida en política de Estado– deberían formar parte del plan de desarrollo que el Ejecutivo debe someter a consideración del Congreso. Pero más allá de identificarlos, es indudable que son necesarias metas cuantificables, métodos de evaluación y un buen respaldo institucional. Si este es el Ministerio de Comercio o no, es algo que está por verse. Sin embargo, el tema necesita un doliente con peso específico, algo que no se logra si queda en manos de un comité.
De lo contrario, Colombia puede encontrarse con problemas serios. Para comenzar, nueve de cada diez dólares de nuestras exportaciones corresponden a bienes primarios o con escaso valor agregado. Además, nuestras ventas externas siguen concentradas en un puñado de mercados.
Esas dos realidades dejan en claro que tenemos una base productiva limitada y vulnerable. Si queremos crecer, no hay otro camino que expandirla, tal como lo demuestra la experiencia de las naciones que han sido exitosas en la búsqueda del progreso. En consecuencia, el Gobierno debe liderar, lo que implica ser más activo que pasivo. Y esa labor requiere un responsable.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto