La Alcaldía de Cali ha dado el primer paso para recuperar el control de su gestión tributaria, al terminar unilateralmente el cuestionado contrato para el recaudo de sus impuestos con la Unión Temporal Sicali.
En febrero del 2005, el entonces alcalde Apolinar Salcedo firmó el mencionado convenio, en contra de múltiples advertencias, incluso de los organismos de control, pero con el beneplácito del Concejo Municipal, cuyo objeto era la “modernización y optimización de la gestión tributaria” de la ciudad, para aumentar el recaudo de impuestos y fortalecer las finanzas municipales.
La premisa de este tipo de negocios es calificar a la administración pública como ineficiente, corrupta y sin recursos para acometer estas tareas, y presumir que una empresa privada puede hacerlo mejor.
En muchos casos, la hipótesis es cierta y se justifica privatizar algunas funciones que cumple el Estado, pero en otros, los negocios se convierten en negociados y la corrupción pública es reemplazada, y a veces aumentada, por la corruptela privada.
Además, hay otras funciones estatales que son indelegables, como el recaudo de impuestos, no solo por su naturaleza misma, sino porque la Ley 1386 de 2010 prohíbe de manera explícita la tercerización del recaudo. Desde que se suscribió el contrato con Sicali, la Procuraduría lo demandó por objeto ilícito y destituyó al alcalde Salcedo, aunque los concejales que aprobaron el negocio no han sido investigados.
Más allá de su ilegalidad, lo cierto es que el contrato con Sicali resultó un pésimo negocio para la ciudad.
El consorcio contratista no logró aumentar los ingresos municipales y sí obtuvo unas enormes utilidades sin cumplir sus obligaciones.
En los últimos cinco años, el crecimiento real anual de los recaudos de impuestos de Cali ha sido inferior al 1 por ciento, razón por la cual pasó del tercero al sexto lugar en ingresos tributarios per cápita entre las ciudades capitales. Contrasta esta situación con la de Barranquilla, que había hecho una privatización similar del cobro de sus gravámenes, pero que la terminó unilateralmente desde el 2008, con lo cual logró aumentar en 54 por ciento el impuesto predial, y en 80 por ciento el de industria y comercio.
El contratista Sicali no cumplió obligaciones contractuales como la de actualizar los avalúos catastrales o gestionar el recobro de la cartera vencida.
La Secretaría de Hacienda de Cali estima en un billón y medio de pesos los ingresos perdidos por esta negligencia, y el costo de la gestión tributaria en manos privadas se encareció al pasar de 23 a 34 pesos por cada mil pesos recaudados.
Como retribución a tamaña falta de gestión, Sicali le ha cobrado al municipio cerca de 120.000 millones de pesos, con un margen de utilidad que puede llegar al 50 por ciento, es decir, que el costo de la gestión privada resultó mucho más alto que el de la supuesta ineficiencia del sector público.
Como si esto fuera poco, ahora Sicali pretende cobrarle al municipio otros 50.000 millones de pesos a través de una demanda arbitral.
La decisión del alcalde Rodrigo Guerrero es solo el inicio de un proceso que puede ser muy complejo por los obstáculos jurídicos, que de seguro intentará interponer el contratista para no perder tan lucrativo negocio. De hecho, desde el 2008, el Tribunal Administrativo del Valle había acogido la demanda interpuesta por la Procuraduría y había declarado nulo el contrato por objeto ilícito. Sin embargo, este fallo fue apelado por el contratista ante el Consejo de Estado y, por alguna extraña razón, han pasado cuatro años sin que se produzca la sentencia definitiva.
Con decisiones como la terminación del contrato del recaudo tributario, Cali empezará a retomar el control de sus finanzas.
La ciudadanía, que tiene hoy más confianza en el Alcalde y sus funcionarios, debe responder a estos esfuerzos, como lo hizo en Barranquilla, aumentando el pago de impuestos, indispensable para consolidar el desarrollo de la Sultana del Valle.
Ricardo Ávila Pinto
