La crispación política de las pasadas semanas ha llegado a extremos insospechados. La campaña presidencial que, en sentir de muchos analistas, era una contienda de bostezos, pasó a ser una de las más movidas de las últimas décadas por cuenta de las distintas acusaciones de uno y otro lado, a los que se suman los sorpresivos resultados de las recientes encuestas, según las cuales nadie se puede anticipar a cantar su victoria.
Es comprensible que los ‘vainazos’ entre candidatos aumenten con la cercanía de la fecha electoral, que la polarización se convierta en el plato fuerte de los comicios y que los nervios de las distintas fuerzas se pongan a prueba.
Lo anterior no justifica, en absoluto, los episodios de ‘guerra sucia’ que han sido criticados por más de un comentarista.
Debido a ello, se ha insistido en que el debate de las ideas debería ser lo fundamental, pero dado el ambiente que se vive es poco probable que los llamados a la cordura encuentren el debido eco.
Sin embargo, incluso más censurable que los excesos verbales, es que, en medio de ese difícil escenario, quienes busquen inclinar la balanza sean los integrantes de los órganos de control, que deberían estar al margen de toda discusión política.
No de otra manera puede calificarse el activismo que vienen ejerciendo las diferentes ‘ías’, cuya exposición mediática ha aumentado considerablemente en momentos en los que la prudencia debería ser el principio rector para los que se encuentran al frente de tales instituciones.
Lamentablemente, en Colombia está ocurriendo todo lo contrario.
Cuando más callados deberían estar el Fiscal, el Procurador y hasta la Contralora, más los vemos entregando declaraciones provocadoras y concediendo entrevistas en los medios de comunicación.
Estos tres personajes deberían mostrarse por encima de las circunstancias puramente coyunturales y dejar constancia de que no están dispuestos a hacerles el juego a los que profesan ser de derecha o izquierda, a los amigos del proceso de paz o a sus críticos acérrimos, a la oposición o al Gobierno. Y es que su función no es la de congraciarse con unos u otros, sino consiste en marcar distancia frente a todos. En eso radica la verdadera independencia.
En consecuencia, hay que pedirles a los citados funcionarios que las frases picantes se las dejen a los políticos. Ni el jefe del ministerio público, ni la cabeza del ente investigador, ni la encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos, están para generar titulares en la gran prensa colombiana, a menos que sea a través de pronunciamientos escritos.
Su misión es otra, diferente a la de caer en la tentación de los micrófonos, y su deber de ponderación y neutralidad debe estar a prueba de toda suspicacia.
Los ciudadanos han ido perdiendo progresivamente su confianza en las entidades judiciales y los órganos de control, según muestran las mediciones disponibles. Mucho de ese desprestigio está relacionado con un ánimo de protagonismo a toda costa, en el que no se esconden los sesgos ideológicos.
Aquello de que los fiscales, jueces y procuradores solo pueden expresarse a través de sus sentencias o fallos disciplinarios parece confinado en el olvido.
Por tal motivo, no está de más apelar al refranero popular y recordar aquello de que “en boca cerrada no entran moscas”, además de la admonición que hizo famosa, en su momento, el Rey de España ante Hugo Chávez: “¿Por qué no te callas?”.
Así, esta es la hora de desempolvar el concepto de la prudencia y volver a recordar que lo que necesitamos de nuestra justicia es menos elocuencia y más independencia, y resultados oportunos en su gestión.
Lo único más grave que podría pasar en un país descuadernado es que ciertos organismos clave queden cooptados por los políticos de momento, y que, sobre todo, Fiscal y Procurador no sepan alejarse de los intereses electorales que los acechan.
Ricardo Ávila Pinto
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