La reforma a la salud es una de las apuestas más importantes del presidente de la República, Gustavo Petro, para este 2023. Si bien el texto definitivo aún no se conoce -a pesar de la insistencia de la ministra del ramo, Carolina Corcho, sobre su suficiente socialización- algunos ejes muy generales apuntan a drásticas transformaciones al sistema sanitario. Un ejemplo es que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) dejen de manejar los recursos públicos y la creación de una red de entes públicos en el centro de la prestación.
Al igual que otras reformas anunciadas por la Casa de Nariño, esta es una iniciativa que, desde antes de radicarse formalmente, ya está generando críticas desde los actores del sector, señalamientos de los gremios como Acemi de falta de diálogo con el Gobierno y posturas de partidos políticos con abiertas reservas. Por esa razón, la encuesta sobre el sistema de salud, publicada ayer por la Andi y realizada por Invamer, permite una mirada más tangible de las percepciones y opiniones de los colombianos sobre este derecho vital.
La medición, con 2.074 encuestas en 21 capitales y 83 municipios, ratifica la evaluación mayoritariamente positiva de la ciudadanía al sistema de salud. El 73% de los encuestados emite una calificación de aprobación -de 3 o más en una escala de 1 a 5- mientras que tres de cada cuatro afirman que pueden acceder a los servicios cuando lo requieren. De hecho, en un país con tan difícil geografía, casi ocho de cada diez colombianos ejercen ese acceso a la salud en su propio municipio y se demoran alrededor de una hora.
Uno de los puntos clave de la reforma que esgrime la administración Petro se dirige a cambiar el rol que las EPS desempeñan en el esquema vigente. No obstante, el 63% está en desacuerdo con la eliminación de estas entidades y dos de cada tres no estarían dispuestos a dejar su sistema actual y pasarse a uno enteramente público. Con datos como que el 58% califica la gestión del sistema contributivo de salud entre 4 y 5 sobre 5 y el 62% hace lo propio con el subsidiado, cabe entonces preguntarse si el revolcón anunciado por el presidente Petro es lo que realmente los ciudadanos están esperando y demandando.
La encuesta de la Andi identifica asimismo los espacios de mejora de una institucionalidad sanitaria bien calificada, pero con problemáticas específicas y serias. Por ejemplo, la asignación y oportunidad de las citas médicas configura un área donde la intención de reforma del Gobierno Nacional podría enfocarse. El 45% de los consultados señala una mayor agilidad en la atención como un aspecto para cambiar, al igual que mejorar la atención del personal. Por ejemplo, uno de cada cinco que han usado los servicios de urgencia los ‘corcha’ y más de la mitad de los que no disfrutan del acceso responsabilizan a la demora en las citas.
Al fin de cuentas, el objetivo fundamental de un sistema sanitario es, vía acceso y calidad, brindar el mejor servicio de salud posible a sus usuarios. En esta medición el 72% de los colombianos manifiesta que su salud mejoró con la atención que recibió. Esta encuesta constituye un insumo fundamental en el crucial debate sobre las transformaciones que la administración Petro quiere impulsar. Evidentemente hay un contraste entre la visión ideologizada del Gobierno Nacional y del minsalud sobre el sistema y la percepción que los usuarios tienen del mismo.
Los cambios podrían seguir en la línea de lo que muestra esta encuesta, y de lo que muchos expertos han identificado, en vez de destruir una institucionalidad en mora de ajustes más específicos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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