En días recientes se han conocido, casi que, a cuentagotas, varias modificaciones al proyecto de reforma tributaria, impulsado por el Gobierno y en trámite actual en el Congreso de la República. La iniciativa liderada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue presentada en el arranque de la administración Petro y aspiraba a recaudar $25 billones (1,72% del PIB) en 2023.
Como es natural en estos procesos de discusión de una reforma de impuestos, distintas voces de la sociedad expresaron sus opiniones sobre el articulado, tanto desde sus posturas expertas y técnicas como de sectores económicos y productivos y sus afectaciones. Rápidamente quedó claro que la propuesta del gobierno Petro -sumadas todas las medidas impositivas- derivaba en una excesiva carga sobre los hombros de las empresas y de sus accionistas.
Otros sectores, como las industrias extractivas y de hidrocarburos, publicaron análisis que reflejaban los efectos negativos de varios elementos de la iniciativa sobre la viabilidad económica de numerosos proyectos mineros, petroleros y gasíferos, con serios impactos sobre la atracción de inversiones. Al oído del Gobierno llegaron reclamos alrededor del futuro de los impuestos al patrimonio, a los dividendos y a las ganancias ocasionales.
Incluso representantes del ecosistema de start-ups y emprendimientos con base tecnológica se quejaron del choque que la reforma infligiría a la innovación y sus capitales asociados. El proyecto incluye impuestos propios de un Estado ‘niñera’ para castigar y desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos procesados, así como plásticos, que desafortunadamente se traducirían en efectos en los hogares de menores recursos.
El ministro Ocampo y su equipo han aceptado cambios que se reflejarían en la ponencia para la siguiente etapa del trámite parlamentario. Estas modificaciones reducirían ese ambicioso monto de $25 billones año. El menor recaudo, ya aceptado por el jefe de la cartera de Hacienda, constituye el producto de estas discusiones democráticas, y la aceptación de los impactos de extraer esa cantidad de una economía aún en reactivación de pos-pandemia.
Es innegable que este empuje tributario, que marca el inicio de la administración Petro, no está exento de las altas expectativas de cambio que cubren la mayoría de áreas del gobierno. Para quienes esperaban una transformación estructural del sistema tributario, este proyecto se queda corto. De hecho, se mantienen jornadas como las de los Días Sin Iva que despertaron fuertes críticas en expertos y centros de investigación económica. Pero la realidad del consenso político -y la capacidad de influencia de muchos sectores, claro está- ha venido anclando el articulado a una propuesta más viable, que recoge preocupaciones y alarmas de los sectores.
La carga de tributos de las empresas colombianas de todos los tamaños podría incluso reducirse más, en línea con las recomendaciones internacionales. Seguir elevando la sobretasa al sector financiero, junto a otras cargas adicionales a sectores específicos, distorsiona, en vez de equiparar, la claridad que sobre las tasas efectivas de tributación que el sector privado nacional asume. No obstante, el tamaño de esta reforma fiscal continúa brindándole a la Casa de Nariño recursos para estabilizar las finanzas públicas y avanzar en los programas sociales que los ciudadanos esperan.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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