Con la inauguración ayer de las obras de ampliación del puente de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, se dio un nuevo paso hacia el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. Una vez más quedó demostrado que más allá de los discursos y los comunicados conjuntos, las obras son fundamentales para que la integración opere en la práctica.
Lo sucedido es otra prueba de que la infraestructura avanza. De hecho, en el cierre del congreso anual del sector, ocurrido el viernes pasado en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que para el 2019, cuando se celebren dos siglos de ocurrida la Batalla de Boyacá, la Nación tendrá una nueva cara en este frente. Entre otras realizaciones posibles, el mandatario afirmó que habrá “por lo menos” 3.200 kilómetros de carreteras de doble calzada en operación, casi el triple de lo que existe actualmente.
Para conseguir ese objetivo, Colombia está haciendo un esfuerzo financiero sin precedentes que incluye partidas adicionales del presupuesto, la venta de activos estratégicos como la mayoría accionaria de Isagen y el uso del mecanismo de las vigencias futuras. Si las cosas se hacen bien, seguramente se podrá cerrar la brecha que hoy nos tiene en la retaguardia de América Latina en esta materia.
Sin embargo, nada lleva a pensar que la magnitud del empeño pueda disminuir en el futuro. Eso es lo que se desprende de lo dicho por Leonardo Villar, el director ejecutivo de Fedesarrollo, en el evento citado. Según el analista, hay una parte de la agenda que demandará un mayor empeño, como es el de las vías secundarias y terciarias, mediante las cuales se comunican corregimientos, veredas y una buena parte de los municipios.
La razón de hacer más en dicho frente es obvia. No solo el tener una pobre conectividad condena a vastas zonas del país al atraso, sino que existe una alta correlación entre la falta de carreteras decentes y la pobreza rural.
Un estudio hecho para Antioquia concluyó que un aumento del 10 por ciento en el número de kilómetros por kilómetro cuadrado de territorio reduce la proporción de pobres en 5 por ciento. Una demostración se ve en lo que reciben los productores de leche, que se ven influenciados por la distancia que los separa de Medellín o por la densidad de vías terciarias en un municipio determinado.
Con el fin de mejorar su balance en este asunto, el país ha intentado diferentes modelos. Tal vez el más longevo fue el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, creado en 1960 y cuya liquidación empezó en 1993, tras ganarse un mal nombre por su inefectividad. El esquema siguiente determinó que la red primaria estaría a cargo de la nación, la secundaria de los departamentos y la terciaria de los municipios.
A pesar de algunos problemas, como el hecho de que el Invías no ha podido desprenderse de algunas responsabilidades, la inversión en pesos constantes se ha triplicado, hasta significar el 0,3 por ciento del Producto Interno Bruto. El problema es que naciones comparables hacen mucho más, como ocurre con Perú, que ha llegado al 0,9 por ciento de su PIB.
Debido a ello, la calidad de la red es deficiente. Una evaluación de las vías secundarias hecha este año mostró que, de 23.153 kilómetros analizados, solo el 11 por ciento estaba en buen estado, mientras que el 62 por ciento fue descrito como regular y el 27 por ciento restante como malo.
Ante esa situación, se han incrementado los fondos en el programa ‘Caminos para la prosperidad’. No obstante, todo indica que hay que hacer mucho más, incluyendo una mirada al esquema institucional, para que este distinga entre las diferencias en capacidades. De lo contrario, las grandes disparidades regionales podrían perpetuarse, pues lo que debe quedar claro es que no basta con dobles calzadas para contar con la infraestructura que Colombia requiere.
Ricardo Ávila Pinto
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