Francisco Miranda Hamburger
Editorial

La amenaza de Uber

Una cosa es la urgente necesidad de regulación de las plataformas y otra, muy distinta, amenazar al Estado colombiano.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
enero 10 de 2020
2020-01-09 10:00 p.m.
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Ayer se hizo pública la intención de la empresa Uber de entablar una demanda contra Colombia por violar las leyes del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

La multinacional norteamericana, dueña de una aplicación de movilidad, envió una carta en la que señala la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de suspender su servicio, como el motivo de la eventual acción judicial.

A fines del año pasado, este ente de vigilancia, en funciones judiciales, emitió un fallo en contra de la plataforma por actos de competencia desleal en contra de las empresas de taxi. Esta sentencia de primera instancia no sólo ordenó la suspensión de las operaciones de Uber en Colombia sino también generó un debate sobre cómo bloquear efectivamente la aplicación y su impacto en la movilidad.

Para los abogados de Uber el fallo de la SIC es tanto arbitrario como motivado políticamente. Además, la empresa de tecnología reclama que las demás plataformas no han recibido el mismo tratamiento.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano ha informado que los procedimientos contemplan un plazo para conversaciones con la multinacional antes del arranque formal del proceso jurídico. Lo anterior significa que, antes de seis meses, ninguna demanda contra el país podrá ser presentada.

Más allá del espacio de diálogo que tendrán Uber y la Agencia de Defensa Jurídica, la intención hostil de esta empresa al buscar demandar a Colombia no debe pasar desapercibida.

En especial cuando han sido los conductores y los usuarios colombianos los que le permitieron a esta plataforma abrir un nuevo mercado en el que ha crecido en sus seis años de operación. Según datos de la misma empresa, en este período se han realizado 300 millones de viajes por 88 mil conductores en 12 ciudades del país.

En numerosas ocasiones este mismo espacio editorial ha hecho llamados al Gobierno sobre la urgencia de regular la operación de estas plataformas tecnológicas de transporte. Hace años la conversación sobre los marcos legales y normativos para estas nuevas aplicaciones está en mora de darse de manera transparente y con todos los actores. Asimismo, debe incluir el debate sobre los cambios que deben acometer sectores como el de los taxistas.

La responsabilidad de mantener a Uber y demás servicios en un limbo legal es del Gobierno. La inseguridad jurídica- reflejada en ausencia de regulación, demoras en los trámites y requisitos engorrosos- sigue plagando a industrias en ascenso como la de ‘cannabis’ medicinal, la movilidad alternativa y las plataformas tecnológicas de transporte.

Dicho lo anterior, el problema de la regulación no justifica la decisión agresiva de Uber de demandar al Estado colombiano. El señalamiento de violar las normas del TLC con Estados Unidos no es un juego. Este país es el principal inversionista extranjero en Colombia.

De acuerdo a cifras del Banco de la República, entre enero y septiembre de 2019, la inversión de origen norteamericano ascendió a 2.132 millones de dólares.
Sin importar que la demanda de Uber aún no se haya entablado oficialmente y que el plazo de seis meses para concertar una salida apenas comience, lo cierto es que la plataforma estadounidense blandió una amenaza contra el Estado colombiano.

Que las leyes nacionales aún estén rezagadas en múltiples aspectos de la economía colaborativa- e incluso atenten flagrantemente contra ella- no es una carta blanca para llevar al país a los tribunales.

Al Gobierno le conviene recordar que este limbo regulatorio que hoy aqueja a las populares plataformas tecnológicas de transporte es insostenible y debe resolverse pronto. Y a Uber que, gracias a la competencia, existen más alternativas para los usuarios.

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