La afirmación puede sonar a lugar común, pero la verdad es que el 2014 es clave para la infraestructura vial en Colombia. La razón no es otra que el despegue del programa de autopistas de cuarta generación, más conocido como 4G. Si los planes gubernamentales se cumplen, a finales del año deberían quedar listos para arrancar 21 proyectos valorados en unos 32 billones de pesos, lo cual incluye contratos firmados con los consorcios que han venido siendo precalificados para la puja.
A lo anterior hay que agregar una decena de propuestas de asociaciones público privadas, al igual que 16 iniciativas más que están en diferentes etapas de desarrollo.
Como se ha repetido en varias ocasiones, el comienzo de las obras significará no solo que el conocido atraso del país en esta materia se recortará de manera sustancial para el 2020 –fecha en la cual buena parte de los emprendimientos deberían estar terminados–, sino que la economía recibiría un impulso adicional. Los cálculos oficiales hablan de que la tasa de crecimiento podría acelerarse en un punto y medio porcentual por año, durante el lapso de mayores inversiones.
En consecuencia, los meses que vienen son críticos. Aparte de la complejidad técnica y legal que tienen las diferentes licitaciones, una vez estas sean adjudicadas arrancará otra senda crucial como es la del cierre financiero, que consiste en asegurar los recursos que se requieren para la construcción.
Si bien en la presente oportunidad, las exigencias de capital son elevadas y obligan a los ganadores a tener músculo propio, buena parte de los fondos saldrá de créditos. En consecuencia, habrá que contar con el aporte de los bancos comerciales, los multilaterales y la Financiera de Desarrollo Nacional, entre otras fuentes.
En cada caso, los compromisos de préstamos dirigidos a un sector específico no tendrán precedentes. A ojo de buen cubero, se necesitan unos 38 billones de pesos. Dicha suma, obviamente, debe ser desembolsada a lo largo de varios años, dependiendo de lo que indiquen los flujos de caja, pero el mensaje de fondo es que organizar toda la operación va a requerir de muchas jornadas de intenso trabajo.
Y ese es solo el comienzo. En paralelo vendrá la obtención de permisos, incluyendo las licencias ambientales del caso. Hacia adelante, una vez empiece a moverse la maquinaria será indispensable una labor de seguimiento cercano, con el fin de evitar atrasos que se traducen en costosas demoras.
Todo lo anterior es simplemente un enunciado sobre el inmenso desafío que el país tiene por delante, con el fin de asegurar que las cosas salgan bien. Para utilizar la figura, aparte de echar a andar la locomotora, hay que cuidar que la carrilera esté despejada y que la máquina tenga combustible.
No menos importante es la labor de mirar a más largo plazo. Un trabajo presentado por Armando Montenegro y Pablo Roda durante el pasado Congreso de Infraestructura señaló la necesidad que tiene el país de contar con un plan maestro de transporte, entendido como un programa de obras en un escenario de varias décadas, que considere múltiples factores y escenarios.
El diseño de esa hoja de ruta implica un esfuerzo de varios años, pero es fundamental. Para comenzar sirve a la hora de priorizar inversiones e identificar vacíos, teniendo en cuenta realidades previsibles como la de un aumento continuado en el parque automotor o urgencias como la de solucionar el cuello de botella que significa el paso obligado por varias áreas metropolitanas.
Según el análisis hecho, la capacidad de la red actualmente en desarrollo se coparía en el 2029, una fecha que se ve lejana, pero que está más cerca de lo que se cree en iniciativas que necesitan un plazo amplio de maduración. Por tal motivo, junto a las tareas inmediatas hay que empezar a laborar en las que se vienen, pues el camino que queda es largo y requiere de continuidad para recorrerlo con éxito.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
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