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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Completar la Creg

La petición es simple: actuar dentro de la institucionalidad.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger

El pasado lunes la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) recibió oficialmente los decretos 0426, 0427 y 0428, expedidos por la Presidencia de la República, “por los cuales se suspende provisionalmente el nombramiento de la experta comisionada, Sara Vélez; se declara la vacancia definitiva del cargo que ocupó Jorge Valencia, y se acepta la renuncia presentada por el comisionado, Andrés Barreto”.

A lo anterior se añade la renuncia, a partir del próximo 14 de abril, del experto comisionado Julián Zuluaga. Tras esas tres vacantes y una renuncia sólo quedan en pie dos de los seis integrantes técnicos de la Creg: el actual director ejecutivo, José Fernando Prada, y la experta comisionada Natasha Avendaño. Los restantes miembros son los ministros de Hacienda, de Minas y Energía, el director de Planeación Nacional y el superintendente de servicios públicos -con voz y sin voto-.

No deja de ser paradójico que en una coyuntura tan crucial para el sector energético y de gas, su comisión reguladora esté, para todos los efectos, desmantelada. En especial, cuando el Gobierno tiene la potestad de llenar esas vacantes actuales. Son múltiples los frentes de discusión pública alrededor del presente y del futuro tanto de la energía como de la transición energética, que se beneficiarían de un accionar regulatorio.

En primer lugar, el debate de las tarifas del servicio eléctrico sigue latente y aún no ha sido posible que reducciones tangibles beneficien tanto a hogares como a empresas. Mientras el Gobierno despliega un tercer intento para atajar los precios de energía vía un decreto con medidas para la formación del costo de generación, la Casa de Nariño continúa en la puja jurídica para levantar la suspensión del decreto en el que el presidente Petro asumía las funciones de regulación de los servicios públicos.

No sobra insistir de nuevo en que la arquitectura institucional ofrece las avenidas necesarias para que el primer mandatario pueda desarrollar su política energética. La insistencia presidencial en asumir esas funciones no puede desviarlo de la urgencia de completar la integración de la Creg y, vía todos sus miembros, definir la hoja de ruta regulatoria que se traduzca en esa legítima intención gubernamental de mitigar los recibos de luz de los colombianos.

Segundo, en febrero pasado, la Creg anunció el desarrollo de una nueva subasta para asignar obligaciones de energía en firme. La comisión busca este proceso competitivo para asegurar la confiabilidad del abastecimiento en 2027 y 2028, ante peligrosas señales de desbalance energético en los próximos años. El déficit de 856 gigavatios le costaría al país en esa fecha alrededor de 1,3 billones de pesos. El sector energético, y el país en general, necesita una Creg en todo su potencial para avanzar y llevar a éxito esta subasta de cargo de confiabilidad.

Un tercer aspecto compete a las señales negativas que una Creg, a menos de media máquina y sin integrantes en firme, envía a las empresas y otros actores del sector energético. Este diseño institucional, que por 30 años ha impedido que otro apagón ocurra en Colombia, ha demostrado que cuenta con la robustez técnica, la solidez normativa y la seguridad jurídica requeridas para protagonizar la transición energética.

El presidente Petro reclama en un trino de Twitter que “las comisiones reguladoras no son para hacer contrapeso al Gobierno”. Más que una preocupación política, completar la Creg enviaría un poderoso mensaje de estabilidad para garantizar esas inversiones que se necesitan para el abastecimiento. La petición es simple: actuar dentro de la institucionalidad.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
​framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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