La cuenta regresiva comenzó. Como lo establecen las normas, el domingo vence el plazo para que el Congreso apruebe el monto global del Presupuesto General de la Nación para el 2020, que sería de 271,7 billones de pesos, de acuerdo con la propuesta original del Ministerio de Hacienda.
Por cuenta de la cercanía de la hora límite, los debates en el Capitolio han aumentado en intensidad, más allá de que la tradición señale que el Ejecutivo acabará saliéndose con la suya.
En medio de las discusiones han surgido informaciones que merecerían un análisis más detallado por parte de los parlamentarios involucrados en la discusión. Ayer el propio Alberto Carrasquilla reiteró que el plan de gastos de la administración Duque se encuentra plenamente financiado, motivo por el cual se podrán honrar todos los compromisos establecidos.
De acuerdo con el Minhacienda, las cuentas son así: 159 billones de pesos llegarán de ingresos corrientes, 81 billones de ingresos de capital, casi 20 billones de rentas parafiscales y recursos propios, y 11 billones adicionales de fondos especiales. Sobre el papel, las cuentas cuadran y el déficit se mantendrá dentro del límite que establece la regla fiscal.
Gracias a lo anterior, se podrán destinar 40 billones de pesos a la inversión pública, 33 billones a gastos de personal y 65 billones para pensiones y salud, entre otros propósitos. Es muy probable que frente a las asignaciones planteadas en un comienzo se hagan unas restas aquí y otras sumas allá, pero las grandes prioridades serán las mismas.
Como es usual, algunos ministerios se rasgarán las vestiduras y pocos se declararán satisfechos, así vuelva y se confirme que la plata nunca alcanza para cubrir la lista de necesidades.
Mientras llega ese momento, los analistas posiblemente se detendrán en algo que no estaba en el radar de la mayoría. Tal como lo explicó Carrasquilla, la previsión es que de los mercados financieros se obtendrán 47,6 billones de pesos. De esa cantidad, 28,4 billones corresponden a préstamos que se vencen y el saldo de 19,2 billones de pesos provendrá de nueva deuda.
El anuncio es sorpresivo, porque unos días atrás las autoridades señalaron que se habían cubierto las necesidades previstas en el Plan Financiero que elabora el Gobierno. Los inversionistas deberán prepararse, entonces, para adquirir más bonos en pesos o en divisas a lo largo de los meses que vienen.
Y aunque parecería que Colombia no tiene problema al momento de colocar sus papeles, ya sea en el mercado local o en el internacional, no faltará quien frunza el ceño. El motivo es que los indicadores de deuda como proporción del tamaño de la economía muestran tendencia al alza.
A falta de una mejor explicación, lo que se establece ahora es un incremento del equivalente de casi dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en el peso total de las acreencias públicas.
Si a lo anterior se agrega que el Ministerio de Hacienda abrió la puerta de pagar ciertas obligaciones con títulos de tesorería y que la lista de cuentas pendientes que serían sujetas a cancelarse con bonos aumentaría, no faltará quien haga sonar la alarma. La semana pasada, la firma calificadora de riesgo Fitch señaló que Colombia se ve peor que aquellas naciones que reciben la misma nota que la nuestra.
Acentuar esa diferencia es peligroso en los momentos actuales. A fin de cuentas, los mercados vienen sufriendo ataques de pánico frecuentes y son menos tolerantes a ciertos desequilibrios, particularmente en el caso de las economías emergentes.
Como si eso fuera poco, nos encontramos en un vecindario que no va bien, como lo muestra el caso de Argentina o los temores que despiertan México y Brasil. Evitar caer en el grupo de países que son objeto de monitoreo constante, debería ser una prioridad. Hoy y siempre.
