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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Concentrarse en lo posible

La mejor política climática para Colombia es aquella que resuelva retos concretos como desforestación o una ruta gradual a la transición energética.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
noviembre 17 de 2022
2022-11-17 11:29 p. m.
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Este viernes cae el telón de la cumbre anual del clima de las Naciones Unidas, la COP27, en el balneario egipcio de Sharm-el-Sheij. En medio de la crisis energética generada por la guerra rusa en Ucrania, los vientos de recesión económica internacional y el imparable calentamiento global, los esfuerzos diplomáticos para que los 197 países coordinen de manera más efectiva una respuesta a este desafío planetario enfrentaban duros obstáculos al momento de escribir estas líneas.

En sintonía con la situación económica del mundo, una de las preocupaciones más sonoras de esta COP27 ha sido los retos de la financiación de las acciones contra el cambio climático. Acuerdos pasados hablaban de un giro de países ricos a naciones pobres de unos 100 mil millones de dólares al año mientras que, de acuerdo a la revista The Economist, el máximo monto fue de 83 mil millones el año pasado. De acuerdo a la ONU el tamaño de la factura a pagar globalmente podría ascender a unos 2,4 mil millones de dólares anuales hasta 2030.

Con el mundo desarrollado, agobiado por la inflación, las altas tasas de interés, la desaceleración, la disrupción en las cadenas de suministro, la voluntad de las economías ricas de contribuir a la financiación de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático es más bien poca. Parte de las discusiones de la cumbre han girado precisamente alrededor de mecanismos que levanten los billonarios recursos necesarios para que las naciones con mayores emisiones ayuden a las de menos y con afectaciones más devastadoras.

En el caso de Colombia la COP27 constituyó el escenario propicio para que el presidente Gustavo Petro exponga ante el mundo la política climática como una de sus prioridades de gobierno. El primer mandatario propuso un decálogo, abstracto en algunos de sus puntos y directo en otros como el fin del petróleo- que, despreciando las soluciones de mercado, le apuesta a la planificación central para abordar esta problemática global. Las experiencias que dejaron en muchos países estos ejercicios de ingeniería social y económica no solo fueron incapaces de resolver los retos sino también derivaron en fracasos y totalitarismos.

Aún es muy pronto para desdeñar de un tajo, y por razones ideológicas, que los incentivos del mercado, que se reflejan en el avance tecnológico y en la definición de los precios, entre otras señales, no aporten salidas costeables, eficientes y sostenibles a los desafíos climáticos. Lo anterior sin reconocer que los Estados deben jugar un rol activo desde la regulación y los marcos legales y diplomáticos para alcanzar la coordinación y la cooperación global requeridas.

La urgencia que la administración Petro le da al tema climático no carece de fundamentos. Según el Ministerio de Ambiente, Colombia pierde al año unos $4,3 billones por efectos del cambio climático. De hecho, la pérdida de bosques, la agricultura y el uso del suelo responden por el 56 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Como lo recoge el documento de bases del Plan de Desarrollo, los departamentos de Meta, Caquetá, Antioquia y Guaviare -núcleos de la deforestación- responden por un tercio de las emisiones.

Más allá del compromiso oficial de los 200 millones de dólares al año por 20 años para la Amazonía, la mejor política climática de un país como Colombia -bajo en emisiones y con recursos energéticos por explotar- es concentrarse en acciones posibles y focalizadas como detener y contrarrestar la deforestación en el territorio y desplegar una ruta ordenada y gradual de transición energética.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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