El ataque de la semana pasada a IFX Networks, que habría afectado a más de 760 organizaciones en Colombia y otros países de la región, sigue manteniendo en vilo al Gobierno Nacional y al sector privado ante su gravedad, la incertidumbre ante su impacto real y la dificultad en la recuperación.
Los hackers usaron la modalidad de ‘ransomware’, secuestro de la información y los datos, y dejaron en evidencia tanto el crecimiento de la ciberdelincuencia como las falencias en ciberseguridad del país.
La preocupación por el aumento de la criminalidad digital no es nueva. Según el Ministerio de Defensa, los delitos informáticos pasaron en los últimos 10 años de 3.380 a 60.564 en 2022. De acuerdo a Fortinet, empresa de seguridad digital, en Colombia en el primer semestre de 2023 se detectaron 5.000 millones de ataques, 13 veces más de los observados en el segundo semestre del año pasado. Entidades gubernamentales, empresas de servicios de salud, de comunicación masiva y bancos han sido víctimas recientes de distintas modalidades de cibercrimen, y muchas más de varios sectores que no se han conocido públicamente.
La crisis actual -que afecta a unos dos millones de procesos judiciales, exportaciones agrícolas, datos de salud, entre otra información- debe atenderse con la mayor transparencia, urgencia y claridad por parte del Gobierno Nacional.
La información del Puesto de Mando Unificado (PMU)-Ciber estima en alrededor de 50 organizaciones públicas y privadas afectadas y anunció unas mesas de trabajo con estas entidades y un plan de contingencia. Es perentorio que el país conozca no solo la magnitud y el alcance del ciberataque, sino también las estrategias de contingencia para recuperar los datos y de defensa para evitar la repetición de este tipo de incidentes. Solo una verdadera dimensión de las consecuencias y naturaleza de este secuestro de información podrá permitir tanto a las entidades públicas como a las empresas privadas ajustar sus protocolos y estar mejor preparadas.
El peor camino sería esconder debajo de la alfombra, por la complejidad técnica o por temor al pánico colectivo, la realidad y la extensión del daño, y las alternativas para reaccionar.
Otro error sería la politización del debate sobre las políticas de ciberseguridad o salir a cobrar pulsos políticos del pasado. Colombia cuenta con unos marcos de acción y unas herramientas ya diseñadas en esta materia -como el decreto 338 de 2022- que brindan una base para construir sobre lo construido. Frente al deseo de la administración Petro de crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad y Asuntos Espaciales, es innegable que este ciberataque pone sobre la mesa la urgencia del debate. No obstante, aspectos como la pertenencia de la agencia al Ministerio de las TIC y no a la Presidencia, y la restricción para su uso en tareas de inteligencia, no son aspectos menores que merecen un debate urgente y cuidadoso más no apresurado en el Congreso de la República.
Por último, cabe reconocer que la eventual creación de esta agencia no soluciona por arte de magia los retos en ciberseguridad que enfrenta el Estado y la economía de Colombia.
Como lo afirma un reciente reporte de la CAF, la ciberseguridad se encuentra dentro de las áreas de cooperación técnica y financiera entre la Unión Europea y América Latina. A nivel corporativo, las políticas de ciberseguridad constituyen un asunto del máximo nivel estratégico para las empresas colombianas y sus juntas directivas.
Reducir la actual vulnerabilidad cibernética del Gobierno y del sector privado requiere cooperación público-privada -difícil en estos tiempos-, transparencia y el compromiso de todos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
