En días recientes se han presentado dos preocupantes hechos de violencia alrededor de la industria de los hidrocarburos en Colombia. El más trágico tuvo lugar en la localidad caqueteña de Los Pozos en la base de la compañía petrolera Emerald Energy en donde las manifestaciones de los campesinos desencadenaron en el secuestro de 79 policías y el asesinato de un uniformado, el subintendente Ricardo Monroy y de un miembro de la comunidad, Reinel Arévalo.
Por otro lado, Ecopetrol reportó un atentado con explosivos contra el oleoducto que transporta crudo desde El Centro hasta la refinería de Barrancabermeja, y contra la línea de agua que va a la planta Lisama del campo de producción La Cira Infantas. Esta explosión constituye el undécimo ataque que sufre esta área petrolera desde 2021. Si bien no afectó personas, los impactos ambientales no pudieron ser evitados.
Estos dos eventos reflejan la preocupante tendencia de crecimiento de la conflictividad social alrededor no solo de los proyectos petroleros sino de las actividades mineras. De acuerdo a datos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) estos niveles de conflicto se han intensificado hasta cuatro veces entre 2016 y 2022. Santander, Meta, Casanare y Putumayo son los escenarios regionales donde la mayoría de estas protestas, bloqueos, tomas de instalaciones y asonadas se han llevado a cabo. Dos de cada tres hechos de protesta se han presentado en estos cuatro departamentos productores.
Los lamentables hechos en la base de Emerald ameritan reflexiones y brindan lecciones que deben ser aprendidas por todos los involucrados, incluyendo los movimientos sociales. En primer lugar, el Gobierno necesita urgentemente la definición de una estrategia de reacción a estas manifestaciones que, sin desconocer los derechos de protesta de las comunidades, no sacrifique la legitimidad y la autoridad de la Fuerza Pública.
La calificación del ministro del Interior, Alfonso Prada, de “cerco humanitario” a esta toma violenta constituye una minimización irrespetuosa de la gravedad de los acontecimientos, y un pésimo mensaje a los policías, militares y demás autoridades a cargo de mantener el orden público y proteger la vida e integridad de los ciudadanos, y de los empleados de las empresas petroleras. Ninguna demanda social justifica la violación de derechos humanos o incurrir en hechos delictivos. Esta es una línea roja que el Gobierno debería hacer respetar sin excepciones.
Segundo, el aumento de la conflictividad pone sobre la mesa los esfuerzos de las compañías del sector orientados a las comunidades de sus áreas de influencia. Si bien es más fácil decirlo que hacerlo, las empresas no sólo deben dimensionar sus contribuciones sociales sino también desactivar estas tensiones. Por más difícil que sea, poner límites a la aspiración de sustituir el Estado con las inversiones sociales de las petroleras terminará siendo menos costoso. En esto las autoridades deben apoyar al sector con mensajes claros e inequívocos.
Por último, sin entrar a valorar las razones de los campesinos contra Emerald, los movimientos sociales -no solo en las zonas petroleras sino también en las azucareras, agroindustriales, de proyectos energéticos, mineras y demás- necesitan frenar sus impulsos de apostarle a las vías de hecho para expresar sus demandas. La inclinación del Gobierno hacia sus peticiones y su sesgo antiempresarial es más que evidente, pero no debe convertirse en patente de corso para recurrir a la violencia. Reducir la conflictividad es realmente una tarea tripartita.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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