Hace bien la Federación de Cafeteros al denunciar y llamar la atención de la opinión pública sobre las irregularidades que se presentan en la distribución del programa de Protección del Ingreso Cafetero (PIC), que empezó a operar hace meses.
Como otros casos que tienen que ver con subvenciones y apoyos del Estado, los flacos estándares éticos de algunos y la motivación de lavar capitales o enriquecerse ilícitamente de otros, confluye para que parte de los subsidios no lleguen a donde deben.
Claramente los apoyos gubernamentales no se pueden volver una feria para quienes se consideren a sí mismos los más intrépidos y tratan de esquilmar a los cultivadores del grano que están verdaderamente necesitados. Tienen, desde luego, responsabilidad aquellos productores, o quienes lo han sido, por colaborar en las estratagemas.
Aunque es cierto que algunos de ellos lo hacen engañados por actores que se ofrecen a ‘ayudar’ para que reclamen el subsidio y otros por presión, deben saber todos que en la práctica se están robando a sí mismos y están destruyendo la confianza de los colombianos que los están apoyando en estos momentos difíciles.
Sobre todo si se tiene en cuenta que las angustias del precio y las necesidades de mantener el respaldo seguramente se prolongarán para el 2014, algo que costará cerca de un billón de pesos.
Más preocupante aún es el lento accionar de la justicia a pesar de que las primeras denuncias formales se instauraron en febrero.
Las entidades que deben enfrentar este tipo de asuntos, como la Fiscalía, la Policía Judicial o la Dian carecen de la articulación necesaria para convertirse en un factor efectivo de prevención del delito.
Definitivamente, hace falta una voluntad decidida para enfrentar este tipo de situaciones.
Sea cual fuere la explicación, es claro que el Estado colombiano aún se encuentra corto de recursos e instrumentos para actuar eficientemente en estos casos, que cada vez se presentan con más frecuencia en diversos ámbitos de la vida nacional.
Debido a ello, la ciudadanía y los mismos caficultores tienen todo el derecho de reclamar capturas y acciones más contundentes.
La reunión anunciada para hoy lunes entre el Gobierno y la Federación sin duda debería desembocar en la toma de decisiones de fondo. No debe haber ningún partícipe del sector cafetero indiferente al fraude del PIC.
Por el contrario, productores, comercializadores serios, exportadores e industria local deben ser propositivos y participar en las soluciones a esta lamentable situación. Se trata de un ramo que sigue siendo crucial para que quienes hacen parte del mismo no participen en la implementación de soluciones al reto de distribuir el dinero transparentemente.
Como es sabido, la coyuntura sigue siendo difícil, debido al nivel de las cotizaciones externas.
No obstante, algunas de las noticias provenientes del sector cafetero también llaman a la esperanza y construcción de un mejor futuro.
El impacto del crecimiento de la cosecha del grano seguirá jalonando el PIB agropecuario por el resto del año. Los esfuerzos realizados en materia de renovación están comenzando a dar resultados, atenuando la reducción del ingreso de los productores por la vía de una mayor productividad.
Por otra parte, los principales competidores de la variedad colombiana enfrentan problemas que el país ha superado, lo que abre espacio para recuperar mercados.
La expansión de las tiendas Juan Valdez a buena parte de Latinoamérica y la próxima apertura de los primeros puntos en Asia, así como la llegada de grandes jugadores del ramo como Starbucks dan pie para creer que la demanda seguirá en aumento.
Pero frente a las esperanzas de un mejor mañana hay que garantizar que el trabajo se haga bien en el presente. Y eso incluye castigar ejemplarmente a quienes quieren quedarse con un dinero al que no tienen derecho.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
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