“Quizás se burlan de ella porque es ciega”. Esa frase, escuchada este martes, resumió la opinión de un ciudadano para calificar la actitud de un número importante de personas sindicadas o condenadas, con respecto al desempeño de la justicia en Colombia.
El caso más reciente es el del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quien el lunes se presentó en una audiencia sin su abogado, que, a pesar de conocer la fecha con suficiente antelación, estaba fuera del país. Como consecuencia, no fue posible comenzar el primer juicio por uno de los tres procesos que enfrenta el acusado, los cuales tienen que ver con el entramado criminal que saqueó las finanzas del Distrito Capital entre 2008 y 2011.
Aquellos que siguen de cerca el asunto sostienen que aquí hay una clara táctica dilatoria. Gracias a una reciente reforma del Código Penal, que incluyó una norma en favor de la descongestión, el exfuncionario podría quedar libre a mediados del próximo año por vencimiento de términos. La única posibilidad de que eso no ocurra es que se le dicte sentencia condenatoria antes de que llegue el plazo señalado, algo que suena menos probable a medida que avanza el calendario.
El citado es apenas uno de los ejemplos que se usan para comprobar que el sonado ‘peso de la Ley’ les resulte a muchos bastante liviano. Los escándalos de los últimos días, que tienen que ver con el sitio de reclusión especial que existe en la cárcel de La Picota, en la que se encuentran tanto exservidores públicos como los protagonistas de descalabros como el de InterBolsa, son apenas la punta de un iceberg que huele muy mal.
En lo que atañe a esa prisión, los reclusos con categoría ‘Vip’ disfrutan de un régimen diferente, que incluye más visitas de las que pueden recibir los demás presos, aparte de acceso a internet y un cocinero especial. Es cierto que tales privilegios cuestan, pero para quien ha esquilmado al presupuesto o se ha quedado con el dinero de sus semejantes, el esfuerzo no parece ser mayor.
No menos escandaloso es el sistema de rebaja de penas, que permite descontar una parte de los días ‘trabajados’ en oficios varios, cuyas certificaciones son imposibles de auditar y tienden a ser laxas. Y están los permisos médicos para atender supuestas citas de medicina prepagada, los cuales se prestan a excesos, como los del exgobernador, que asistió 64 veces al odontólogo en el curso de tres meses.
Mención aparte merece el beneficio de la casa por cárcel, que incluye a los condenados y es potestad de los jueces. Supuestamente, el requisito es que el individuo que lo recibe no sea un peligro para la sociedad y tampoco dé muestras de escaparse. Debido a que las reglas son laxas y sujetas a interpretación, más de un bandido de gran notoriedad acaba en una ‘jaula de oro’, que, en cualquier caso, supera en comodidades a las de una penitenciaría.
Aparte de lo anterior, están los casos de los que exhiben sus fortunas mal habidas con descaro. Una mirada a las redes sociales, revela yates, casas de recreo o fincas en plena producción, que terminaron fuera del alcance del radar de las autoridades.
Semejante cadena de excesos es la que más deslegitima a la democracia colombiana. Entre sus protagonistas están aquellos que salen indemnes por cuenta de saber usar un testaferro aquí o un pariente allá. Por su parte, los que acaban arrestados saben que un uso adecuado de las artimañas legales les permitirá hacer más tolerable el encierro y disfrutar de sus millones cuando ‘paguen sus deudas con la sociedad’.
Tal esquema es insostenible en cualquier sociedad que aspire a llamarse decente. Aparte de las herramientas en vigor, es necesario ir más allá, con nuevos instrumentos que permitan acorralar a los criminales. De lo contrario, Colombia seguirá aquejada de un cáncer que se nota todavía más en esta temporada electoral y deja la impresión entre la gente de que el crimen sí paga.
Ricardo Ávila Pinto
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