Crimen y castigo

Si el castigo sirve de ejemplo, es de esperar que las multas impuestas a la constructora Odebrecht, por violar las leyes estadounidenses que prohíben el soborno, le envíen un mensaje a la comunidad empresarial a lo largo y ancho del planeta, en el sentido de que el crimen no paga. Ayer el conglomerado que tiene operaciones en varios continentes y cerca de 130.000 empleados, acordó pagar 3.500 millones de dólares, de los cuales alrededor de 80 por ciento irá para el Tesoro brasileño.

Las revelaciones de los actos ilegales cometidos fueron obtenidas después de que los ejecutivos del emporio de la construcción decidieran colaborar con las autoridades norteamericanas, pues una de sus filiales había inscrito sus títulos en Estados Unidos y estaba bajo la jurisdicción de las normas de ese país. Gracias a ello, se supo que el giro de ‘coimas’ se extendió a una docena de naciones, incluyendo a Colombia. En la lista entregada a las autoridades hay un centenar de proyectos, la mayoría de ellos en América Latina, además de un par en África.

Ojalá exista la cooperación internacional necesaria para que quienes se hayan beneficiado de plata entregada por debajo de la mesa, sean sancionados por la justicia colombiana. Para la Fiscalía, es un reto reaccionar con rapidez a estas revelaciones, con el fin de que el delito no quede impune. Los pronunciamientos iniciales son alentadores, si bien no vale la pena anticiparse a sacar conclusiones.

Pero más allá de lo que suceda con un proceso que aquí todavía no comienza de manera formal, lo ocurrido deja varias lecciones. La más obvia es que identificar conductas ilícitas es algo que solo puede hacer un aparato judicial que opere en la forma debida.

En respuesta, no faltará quien diga que el mérito se le debe al Tío Sam y su capacidad de poner contra la pared a los empresarios inescrupulosos. Y aunque eso es cierto, tampoco se puede olvidar que nada de lo sucedido habría sido posible si en Brasil no se hubiera destapado una verdadera olla podrida, gracias al empeño de un grupo de funcionarios a la hora de investigar los numerosos abusos cometidos en Petrobras.
Las revelaciones no solo sacudieron a la clase política hasta sus cimientos, sino que revelaron una manera abominable de hacer negocios. El llamado ahora es para que en otras latitudes cunda el ejemplo de poner tras las rejas a quienes abusan de su posición o manejan como propio el dinero público.

Extirpar el cáncer de la venalidad comienza por contar con instituciones eficientes y normas adecuadas. A este respecto hay que destacar la expedición de un estatuto anticorrupción que, en su momento, fue bien recibido por los analistas.

Lamentablemente, los resultados no han derivado en sentencias contundentes ni en el desmonte de prácticas censurables, sobre todo en el ámbito regional y local.
Aparte de lo anterior se encuentra el pobre nivel de cooperación entre diferentes organismos. Más de un observador se sorprendió cuando el martes, durante el debate sobre la reforma tributaria en el Congreso, el Fiscal General describió algunas de las propuestas para combatir la evasión como un saludo a la bandera.

Sin necesidad de entrar en la polémica sobre quién tiene la razón, lo que resulta descorazonador es que la diferencia surja a última hora. El texto original de la iniciativa gubernamental se conoce desde hace más de dos meses y debería haber dado pie a conversaciones fructíferas con el Ministerio de Hacienda a tiempo.

Por tal motivo, esta debería ser la ocasión para que todas las entidades estatales del caso empiecen a trabajar en conjunto, tanto para penalizar a aquellos que timan al fisco, como a los que obtienen contratos en forma indebida. Solo así se podrá empezar a ganarle la batalla a un mal que aparte del dinero que cuesta, pone en entredicho la propia legitimidad de la democracia colombiana.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto