La presentación del paquete de reformas de la administración Petro al Congreso de la República- que impactan tanto a la economía como a sectores productivos específicos, ha puesto sobre la mesa la relación de la Casa de Nariño con los representantes del sector privado. Desde el inicio del mandato, el pasado 7 de agosto, los gremios empresariales y el Ejecutivo han mantenido unos contactos que no podrían calificarse de fructíferos para ambas partes.
No sorprende a nadie que la llegada de Gustavo Petro al poder haya generado incertidumbre dentro del mundo empresarial. Las posiciones con las que el primer mandatario de izquierda salió victorioso de las urnas no pueden considerarse como amigables al sector privado. Al contrario, tanto en su filosofía de gobierno como en la práctica de la mayoría de las propuestas, la administración Petro apuesta por un mayor protagonismo e intervención estatal, así como la incorporación de radicales transformaciones en sectores que van desde los servicios públicos hasta los hidrocarburos pasando por la salud y las pensiones.
Desde el punto de vista de los gremios, la relación con la Casa de Nariño también implica retos inéditos. En primer lugar, no todos los sectores productivos han experimentado la misma atención o deseo de intervencionismo estatal como la recibida, por ejemplo, por la industria del petróleo y por las EPS, por sólo mencionar dos casos. Lo anterior implica que el grado de preocupación de los representantes empresariales no es el mismo, e incluso algunos disfrutan de mejor acceso o mejores perspectivas que en años anteriores.
Un segundo aspecto novedoso es la alta prioridad a la que los gremios productivos estaban acostumbrados en gobiernos pasados. La política pública en Colombia ha sido construida mayoritariamente con valiosos aportes de las organizaciones del sector privado. Aportes que complementan el legítimo interés sectorial con contribuciones técnicas e incluso con apoyos políticos. La realidad hoy es que esos canales de comunicación -y también de definición conjunta- ya no cuentan en general con la misma calidad, fluidez e intensidad.
Un observador desprevenido diría que lo anterior es virtud, no defecto, del actual gobierno. No obstante, ante las limitaciones del aparato estatal colombiano, la cooperación entre el sector público y la iniciativa privada ha constituido una poderosa herramienta en la que, en vez de oponerse ideológicamente, Gobierno y empresas han desarrollado modelos que han sido beneficiosos para la sociedad. Asimismo, diseñar transformaciones en los marcos institucionales de distintos sectores -por ejemplo, la energía o las normas laborales para el comercio o las aplicaciones- no debe ser un ejercicio en abstracto que ignore la presencia de empresas o imponga teóricamente comportamientos a la iniciativa privada, contrarios a sus estímulos o incentivos. Uno de los múltiples objetivos de los espacios de diálogo entre el Gobierno Nacional y los gremios está en la construcción de escenarios factibles, no tanto desde lo político sino desde lo económico.
Un tercer elemento de la discusión está en la utilidad del diálogo sin concertación. No basta con remover los obstáculos -tanto de contenido como de confianza- que impiden la fluidez de las conversaciones entre el gobierno Petro y el sector empresarial. Al diálogo fluido entre las partes debe acompañarlo una concertación efectiva, es decir, traducir la atención y la escucha a las decisiones sobre los proyectos.
Francisco Miranda Hamburger
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