Mientras el gobierno de Iván Duque continúa los esfuerzos para consolidar el espacio de diálogo social, los impactos de las jornadas de protesta, los cierres en las carreteras, los ataques a la infraestructura y los actos vandálicos ya se sienten de manera drástica y alarmante en la economía nacional.
Es importante recordar que, por encima de los costos económicos de las casi dos semanas de paro, está el doloroso balance de 24 personas fallecidas, alrededor de 40 desaparecidos, más de 680 ciudadanos y 800 uniformados lesionados. Precisamente por esos datos el fin de la violencia es el eje central de las conversaciones que el Gobierno ha desarrollado con actores políticos y sociales.
No obstante, en paralelo con esas discusiones políticas que van encaminadas en la dirección correcta, es inevitable revisar las consecuencias que bloqueos y destrucción directa de negocios y activos han generado sobre distintos sectores clave de la actividad productiva del país.
Por ejemplo, una estimación preliminar de Fenalco a finales de la semana pasada, calculaba las pérdidas de los comerciantes en más de 880 mil millones de pesos. Las imágenes de locales comerciales saqueados, atacados y quemados no cesan de emitirse por los noticieros de televisión y por las redes sociales.
Gremios agropecuarios han alertado sobre los fuertes desabastecimientos de productos a raíz de los bloqueos a vías. Mientras los ganaderos reportan millonarias pérdidas por las dificultades para comercializar 8,2 millones de litros de leche diarios y más de 40 mil cabezas de ganado, los avicultores mantienen frenadas 16 mil toneladas de carne de pollo y 120 millones de huevos. Situación similar enfrentan los acuicultores con toneladas de pescado y los porcicultores con carne de cerdo.
Los cierres de los manifestantes a las entradas de las grandes ciudades han afectado a los combustibles y desatado zozobra en los ciudadanos e interrupciones en la producción de cientos de miles de empresas y fábricas en el territorio. Según la Asociación Colombia de Petróleo (ACP), el 20 por ciento de las estaciones no tienen gasolina y los distribuidores de gas enfrentan problemas para el suministro a unos 12 millones de colombianos.
La lista de sectores afectados por bloqueos, vandalismo y cierres sigue y sigue: 259 sucursales bancarias vandalizadas, 15 buses y 9 estaciones del MIO de Cali incineradas, 485 buses y 105 estaciones del Transmilenio capitalino atacadas y 34 peajes destruidos.
La Cámara de Comercio de Bogotá dice que 316 empresas encuestadas reportaron pérdidas por 10.818 millones de pesos y el porcentaje de empresas operando a plena capacidad pasó del 30 por ciento en marzo a solo el 8 por ciento en abril. En el Valle cerca del 60 por ciento de las empresas están bloqueadas.
No hay reactivación que aguante drásticas reducciones de la capacidad de producción de tantos sectores, que millones de empleados no puedan desplazarse a trabajar, que el acceso a materias primas e insumos se interrumpa, que la comercialización de sus bienes y servicios sufra bloqueos, que sus sedes y oficinas sean vandalizadas y sus activos saqueados.
Por el golpe de la pandemia Colombia pasó de ser una Nación de clase media a convertirse en un país de pobreza mayoritaria. Por más legítimas que sean las demandas de los promotores del paro y de los jóvenes que protestan, nada justifica que los cierres, los actos vandálicos y la parálisis productiva amenacen la senda de la recuperación de la peor crisis económica de la historia. Después de frenar la violencia, hay que desbloquear la economía.