Hay ocasiones en las cuales el país es testigo de intensas polémicas que suben muy rápido de tono y acaban desapareciendo pronto, como aquellos globos inflados con aire caliente. Guardadas proporciones, así debería suceder con el debate en torno al decreto que modifica el procedimiento para la concesión de licencias ambientales, indispensables para adelantar iniciativas en áreas como la minería y los hidrocarburos o la infraestructura, entre otras.
Como es sabido, desde hace meses el sector privado se ha quejado por las demoras en la expedición de estos permisos. El Decreto 2820 del 5 de agosto del 2010 los definió como “la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje”.
La misma norma estableció tiempos, cercanos a cuatro meses, para tomar una decisión. Sin embargo, en la práctica, los plazos acabaron siendo más largos. En algún momento superaron el año y medio y ahora se encuentran en 14 meses, en promedio.
Dicha circunstancia se ha convertido en un irritante para los empresarios que alegan que, más que el tiempo, lo que les hace mucho daño es la incertidumbre sobre la duración del trámite. En varias oportunidades se ha argumentado que los recursos destinados a una iniciativa se quedan ‘parqueados’ y que la falta de definición se traduce en sobrecostos e incumplimiento de los cronogramas.
Entre las causas de los retrasos, los expertos mencionan la curva de aprendizaje, tras la reforma institucional que desembocó en la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en septiembre del 2011. La entidad no contó en un comienzo con todos los recursos técnicos y humanos necesarios, lo cual exigió varios planes de choque.
Pero una vez los computadores fueron adquiridos y las vacantes llenadas, las cosas no mejoraron mucho. Entonces, empezaron a tramitarse ajustes para mejorar el proceso, un trabajo que llevaba un buen tiempo de debate interno y que estaba prácticamente listo en agosto pasado.
Aun así, el borrador que fue dado a conocer por el Gobierno para comentarios fue objeto de encendidas críticas. Fue en ese momento que se acuñó el término de ‘licencias exprés’ como una manera de calificar ajustes que parecían privilegiar el calendario sobre la necesidad de un análisis acucioso de los permisos solicitados.
En respuesta, el Ministerio de Ambiente dice haber acogido las observaciones hechas para mejorar el sistema, sin afectar los parámetros que buscan mitigar el impacto de los proyectos que necesitan pasar por este filtro. En general, habría un método más ordenado y menos zonas grises, con lo cual debería llegarse a lapsos más cortos.
Aunque falta que los especialistas hagan el análisis detallado de los artículos del decreto una vez se firme, los cambios incluyen subir los estándares de los estudios que van con la petición de la licencia. En el pasado, 70 por ciento de las solicitudes motivaron que se exigiera información adicional.
Por otra parte, se adoptan las visitas a campo o mecanismos más formales a la hora de requerir o recibir estudios complementarios, con tiempos específicos. También habrá seguimiento, una vez las iniciativas reciban luz verde y sean desarrolladas.
Todo lo anterior es positivo, en la medida en que le abra las puertas a un sistema más expedito que implique responsabilidades claras de lado y lado. Y es que tanto quienes aspiran a una licencia ambiental están obligados a hacer un buen trabajo técnico que fundamente su petición, como lo están los funcionarios que deben pronunciarse cuando toca.
No se trata de desproteger el medio ambiente, sino de que el sistema funcione como debe hacerlo.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
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