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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Disyuntiva engañosa

Los impactos ambientales de la actividad minera deben definirse con base a argumentos técnicos, no por imposición presidencial.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
enero 16 de 2023
2023-01-16 08:09 p. m.
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No se va avanzar en la minería Jericó-Támesis”. Así concluyó el presidente de la República Gustavo Petro su discurso en el encuentro regional del suroeste antioqueño en el que, bajo al argumento de “privilegiar el agua”, ordenó “detener los proyectos mineros” que se están desarrollando en esa zona. Incluso dio instrucciones a la ministra de Ambiente que, “ya sabe qué tiene que hacer”.

Si bien el primer mandatario reconoce que “hay fuerzas a favor y en contra” -se refiere al proyecto de minería subterránea de cobre Quebradona de Anglogold Ashanti-, y que “hay posiciones divergentes”, Petro afirma que “nosotros escogemos el agua”, basados en unos “estudios que le han llegado de la Universidad de Antioquia”.

Esas investigaciones, según el jefe del Estado, indicarían que “hay un peligro entre la minería que se propone y el agua”.

La cuestión no está en esa disyuntiva que hábilmente y con tono populista el presidente Petro expuso en Jericó, sino en el camino institucional en la que el Estado colombiano da luz verde a una explotación minera de grandes proporciones.

Más aún, en qué tanto el Gobierno Nacional, y su cabeza, el jefe del poder Ejecutivo, respeta esa ruta, establecida por la normatividad, que los distintos actores -empresas, comunidades, autoridades mineras y ambientales y agencias del Estado- están obligados a acatar.

Este cuerpo de normas no surgió de la noche a la mañana y constituye el resultado de decisiones, discusiones y diseños no solo de legisladores y reguladores sino también de expertos, técnicos y líderes políticos.

Claramente este aparato de reglas del juego no es perfecto -de hecho, el Consejo de Estado falló el año pasado sobre la urgencia de mejorar el ordenamiento de la concesión de títulos mineros-, pero rige un sector complejo, de grandes inversiones y altamente regulado.

Que la administración Petro rechace los grandes proyectos mineros, impulsados por empresas, y prefiere la pequeña minería, con retos en seguridad y protección ambiental, no debe sorprender a nadie a estas alturas.

A pesar del histórico año que la actividad minera registró en 2022, en el cual la Asociación Colombiana de Minería (ACM) estima que el sector aumentará su contribución al PIB nacional en casi un punto porcentual y dará regalías por más de 4,8 billones de pesos, las perspectivas para los proyectos exploratorios en cobre y oro lucen sombrías.

Ni siquiera la transición energética, que requerirá de explotaciones mineras de cobre y otros productos, ha empujado al gobierno colombiano a aprovechar importantes recursos estratégicos en el subsuelo para la creación de empleos y el desarrollo regional.

Como si ese desdén oficial fuera poco, las nuevas medidas de la reforma tributaria actual elevarán la carga impositiva de la producción minera.

De acuerdo con cifras de la ACM, las inversiones en exploraciones mineras alcanzaron el año pasado la cifra de 131 millones de dólares.

El mensaje que estas declaraciones presidenciales envían a los inversionistas futuros no es el más coherente ni atractivo.

Implica que las decisiones definitivas sobre los proyectos mineros no se basan en argumentos técnicos dados a la institucionalidad ambiental y sectorial, sino en los deseos del Ejecutivo.

La disyuntiva entre proteger el ambiente y avanzar en los grandes proyectos mineros es engañosa.

Los impactos sobre el agua, la población, la fauna y flora, el paisaje y demás recursos naturales se definen dentro de estas normas y, acatando y siguiendo las mismas, esas inversiones obtienen la luz verde y los compromisos con las comunidades. Hay que respetar ese proceso.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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