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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Dos medidas inconvenientes

Frente al traslado exprés y la ley de garantías el Congreso debe abstenerse de cambios en las reglas del juego pensional y electoral.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
octubre 18 de 2021
2021-10-18 06:46 p. m.
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Esta semana el Congreso de la República abordará el tramo final de la discusión de la ley del Presupuesto General de la Nación. La ponencia radicada para el segundo debate asigna unos 350,4 billones de pesos para 2022 y cuenta con 139 artículos, 13 nuevos y otros 12 modificados. No obstante, han sido dos medidas -el traslado exprés de pensiones de manera temporal y la modificación de la ley de garantías electorales- las que han despertado serias inquietudes para la economía y la campaña presidencial.

Los congresistas autores de la ponencia reconocen que, sobre estas dos disposiciones, han recibido “comunicados y manifestaciones de gremios de la economía y de sectores y especialistas muy respetables de la academia y la vida económica del país”. A pesar de ello, consideraron “conveniente” presentarlas a las sesiones plenarias para que sean ellas las que decidan su inclusión en la ley.

Si bien este mismo espacio ya había calificado hace pocas semanas el traslado “exprés” como un “autogol” contra el sistema pensional, no sobra reiterar, ahora que el Congreso retoma el debate, que ambas medidas son tanto inconvenientes como inoportunas. Es pertinente recordar que el llamado traslado exprés abriría en 2022 una ventana para que entre 19 y 44 mil colombianos se pasen a Colpensiones, a un costo billonario y con un efecto nocivo en perpetuar la actual inequidad del sistema.

Los parlamentarios ponentes reiteran que no “se pretende modificar de manera permanente, absoluta o de fondo” las actuales reglas del juego en materia de traslados entre los regímenes pensionales, sino que “se busca generar una excepción temporal”.

Ahí está precisamente la inconveniencia del artículo. El sistema de pensiones en Colombia está en mora de una reforma profunda y estructural alrededor de su sostenibilidad, su equidad y su cobertura -que el gobierno Duque no quiso promover desde mucho antes de la irrupción de la covid-19 y que ahora deja cambiar por la parte de atrás y a pedazos-. Las voces en contra de esta medida no son pocas y coinciden en que agravaría la inequidad al beneficiar a un puñado de colombianos de mayores ingresos en vez de abordar de frente los cambios drásticos que demanda el sistema en su integralidad. Además, cualquier tipo de alivio que representarían esos recursos se traducirán en el futuro en mayores dificultades en materia de déficit fiscal y de los multimillonarios subsidios para unos pocos privilegiados.

Lo paradójico de la situación es que el propio presidente Iván Duque estaría en desacuerdo con una disposición de esta naturaleza. O al menos así lo expresó el primer mandatario en una reunión con inversionistas en su pasada gira de septiembre a Nueva York. Ahora que el polémico artículo regresa al debate de las plenarias, es el momento adecuado para que el Ministerio de Hacienda y el equipo político de Casa de Nariño alineen sus posturas e impidan la aprobación de esta medida.

La segunda polémica es alrededor de la modificación a la ley de garantías electorales a pocos meses del arranque oficial de la campaña de 2022. Más allá de las revisiones que estas medidas restrictivas para las entidades públicas podrían ameritar, es inoportuno alterar el marco en el cual se desenvuelve la contienda electoral tan cerca de los comicios.

Frente al traslado exprés y la ley de garantías el Congreso debería, abstenerse de aprobar cambios intempestivos a las reglas del juego que hoy rigen el sistema pensional y las elecciones. El problema también radica en que el Gobierno Nacional, por indiferencia en el caso pensional, o por abierto apoyo en cuanto a lo electoral, parece haberse lavado las manos.

Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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