Hoy inicia en todo el territorio nacional una segunda fase del aislamiento obligatorio para combatir la propagación del coronavirus.
A las 35 excepciones de la primera cuarentena se han sumado la reapertura tanto de la construcción y ocho subsectores de la manfactura como de las comisarías de familia, los parqueaderos públicos y el mantenimiento de bicicletas.
Estas actividades retornarán bajo protocolos de bioseguridad que protejan a los trabajadores del contagio y con una máxima ocupación del 35 por ciento en los sistemas de transporte público. Los entes territoriales quedaron a cargo de la verificación de estos protocolos.
La decisión del presidente, Iván Duque, de reabrir estos dos sectores económicos es un reflejo tanto de la urgencia por aliviar la parálisis productiva como de la dificultad de equilibrar el impacto de las medidas sanitarias. La primera cuarentena le dio tiempo valioso al país para aplazar el pico de la pandemia, bajar el ritmo de contagios y preparar al sistema de salud en materia de cuidados intensivos y pruebas de diagnóstico.
Asimismo, este primer mes de confinamiento permitió dimensionar el alto costo que las empresas y los empleos empezaron a sufrir. De acuerdo a Fedesarrollo, un mes de cuarentena le cuesta a la economía colombiana entre 4,5 y 6,1 por ciento del PIB.
Las medidas de aislamiento han golpeado a la mayoría de sectores productivos y sus trabajadores. Un reciente informe de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes estima en 8,2 millones los empleos de informales, de microempresas y de cuentapropistas en riesgo si se extiende un mes adicional el cierre total.
Además, Anif calculó en 5,8 billones de pesos, medio punto del PIB, las pérdidas en los ingresos laborales de los colombianos.
Por otro lado, mientras el número de contagiados y fallecidos sube, la urgencia de elevar las pruebas de diagnóstico y aumentar las Unidades de Cuidados Intensivos se mantiene. No hay que llamarse a engaño: flexibilizar el confinamiento traerá algunos riesgos de salud. El Gobierno no puede descuidar la tarea de fortalecer al sistema sanitario, proteger sus trabajadores y hacer más pruebas.
Tampoco se puede ignorar que las inequidades ya existentes en nuestra sociedad son exacerbadas por la pandemia y la cuarentena. No son los empleos “teletrabajables” los que saldrán hoy, sino los trabajos de la construcción y obreros.
Dado que la cuarentena total no es una vacuna contra la covid-19 y que amenaza con destruir empleos y empresas, es momento de buscar el equilibrio entre unos sectores en actividad y otros en aislamiento. Sin negar el dilema que conlleva operar bajo pandemia y la prioridad ética de salvar vidas, la clave de esta cuarentena 2.0 es que su despliegue sea gradual, con protección, bajo vigilancia sanitaria y monitoreo gubernamental. Y reversible en cualquier momento en que los contagios se salgan de control.
La protección de los trabajadores es la máxima obligación en esta fase del confinamiento. Las empresas en los sectores flexibilizados deben reanudar actividades de manera gradual y diseñar operaciones y horarios escalonados que protejan a sus empleados tanto en la fábrica o la obra como en el transporte público.
La responsabilidad de gremios y empresas es inmensa ante la puerta de operar que les abre el Gobierno. No solo los cumplimientos de protocolos, sino también la información sanitaria debe fluir al público. El Ejecutivo nacional, gobernadores y alcaldes deben robustecer la vigilancia sanitaria y el monitoreo de los protocolos. A los trabajadores les corresponde el autocuidado.
De todo ello depende diseñar mejores instrumentos de lucha contra la pandemia desde la salud y la economía.