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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Estabilidad y certidumbre

Señales equívocas sobre las reglas del juego en peajes y vigencias futuras generan un panorama incierto para el sector de infraestructura.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger

El pasado fin de semana, el ministro de Transporte, William Camargo, en declaraciones al diario El Heraldo anunció la terminación anticipada del contrato de la concesión Autopistas del Caribe, ante la imposibilidad de lograr el cierre financiero del proyecto. La falta de los recursos requeridos para adelantar el proyecto, de 253 kilómetros, con una inversión regional de $4,3 billones y 7 mil puestos de trabajo, se generó por no poder cobrar peajes en Turbaco y Arroyo de Piedra por el descontento de sus habitantes.

De hecho, en esa dirección el ministro Camargo se manifestó en una entrevista reciente con Portafolio. El jefe de la cartera de transporte habló del nuevo esquema de cobro de valorización, que arrancará a partir de mayo próximo, además de los peajes a los que calificó como “un caucho que aguantaba infinitamente”. Camargo identifica las tensiones sociales que están generando “18 o 20 peajes de los que maneja la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura)” e invita a que esa ‘resistencia’ de las comunidades sea incluida en el esquema de concesiones de las obras. Es decir, precisamente el rechazo de las comunidades de Turbaco que han hundido la vía 4G entre Barranquilla y Cartagena.

De confirmarse estos alcances y sentidos, la decisión del gobierno Petro enviaría un pésimo mensaje para los inversionistas y las empresas del sector infraestructura. Además de los efectos en el mantenimiento de la obra, los contratos con colaboradores y proveedores y las acciones ambientales y prediales, el fin de esta concesión levanta un manto de duda sobre el compromiso del Gobierno Nacional con los actuales modelos de financiamiento de la infraestructura, basados en peajes, vigencias futuras, recursos del presupuesto y otras fuentes.

A estas señales que apuntan a la estabilidad y a la certidumbre necesarias para sacar adelante estas billonarias obras, se debe sumar el álgido debate que desató la publicación de un decreto del Ministerio de Hacienda que otorgaría poderes al presidente de la República para decidir sobre los proyectos de inversión con vigencias futuras. Tras cerrar la discusión sobre los $13 billones en vilo para 108 iniciativas de infraestructura- que reveló este diario -este decreto, en fase de comentarios, confirma el deseo de la administración Petro de seguir la dirección de la renegociación de las vigencias futuras-.

No sobra reiterar los peligros de un proceso en el cual el primer mandatario sustituiría las razones técnicas y jurídicas que construyen el Presupuesto de la Nación y la financiación de las principales obras, por sus caprichos de orden político. Que la Casa de Nariño se convierta en la última palabra a quién se la paga y cuánto, por encima del ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, despierta alertas sobre el necesario respeto a las reglas del juego y al cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Estas señales complicadas alrededor de peajes, nuevos cobros de valorización, renegociación de vigencias futuras, entre otros aspectos, enrarecen el panorama en el corto y mediano plazo de la infraestructura en Colombia. Poco ayuda en estos debates la inestabilidad a la cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura, al tener cuatro presidentes en poco más de año y medio, dificultando la interlocución y los espacios de discusión con los actores privados e inversionistas. La reactivación de la economía colombiana va de la mano de la recuperación de la dinámica de la construcción de obras civiles, que necesita hojas de ruta estables y ciertas.

*Portafolio pertenece a El Tiempo Casa Editorial que hacer parte de un grupo empresarial que incluye compañías dedicadas a la infraestructura.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
X: @pachomiranda

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